"¡Señor senador, detenga al dictador!" Era la forma, esta semana, en que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaban a las afueras del Senado de la República, exigiendo a los senadores su protección para no votar por la extinción de 13 fideicomisos judiciales que amparan fondos que sufragan y garantizan el cumplimiento de derechos laborales de todos los trabajadores –no de los ministros de la Corte- del Poder Judicial en el país. En la madrugada de ese mismo día de la manifestación, los senadores del oficialismo ya no tenían oídos ni atención ni consideración para esa multiplicidad de voces que provenían de afuera del recinto legislativo sino, a la manera de esa leyenda alemana del flautista de Hamelin, sólo escuchaban la voz y cumplían los deseos de una sola persona que vive en un palacio. Esos senadores oficialistas, esa madrugada, sin estudio ni debate alguno, votaron a favor de la extinción de los fideicomisos. Lo mismo hicieron la semana pasada, los diputados oficialistas en la Cámara de Diputados.
Más adelante vendrán seguramente las acciones de inconstitucionalidad y los amparos que interpondrán los trabajadores del Poder Judicial y al final de cuentas será la Suprema Corte de Justicia quien se encargará de dirimir este conflicto, con amplias posibilidades de emitir su fallo en favor de la protección de los derechos laborales de los trabajadores.
Mientras las cifras de desaparecidos, de muertes violentas por la inseguridad, del número de mexicanos afectados por el grave deterioro del sistema público de salud siguen a la alza, con una contratación de deuda pública jamás vista desde los años ochenta del siglo pasado y una corrupción rampante, esto no ha sido motivo para que, desde que no pudo imponer como presidenta a Jazmín Esquivel y sus iniciativas más deseadas han sido frenadas en el Poder Judicial Federal, el caudillo haya declarado y recrudecido la guerra contra ese poder del Estado mexicano, en especial contra la Corte y su actual presidenta. Si en ese frenesí atropella, sacrifica y conculca los derechos laborales de los cientos de miles de trabajadores del poder judicial federal y sus familias, París bien vale una misa para el hombre de los odios y las vendettas.
La voracidad de poder del caudillo es proporcional a y tiene directa relación con su voracidad de apropiación de cualesquier fondos públicos de los que legal o ilegalmente pueda echarles mano el gobierno en su afán de tener llenos los bolsillos para comprar voluntades a través del voto y las campañas oficialistas en año electoral y de tener lo suficiente para cumplir los caprichos onerosísimos como improductivos, de las refinerías, aeropuertos como el AIFA, líneas aéreas para los militares o el Tren Maya, que es muy posible que éste último capricho presidencial reciba como sucedió en 2020 con los recursos de los 109 fideicomisos que se extinguieron (el 40% de los recursos del FONDEN), buena parte otra vez de los recursos por la extinción de los fideicomisos judiciales.
El golpe es para los trabajadores del poder judicial federal, pero el ataque es político y directo para la Suprema Corte de Justicia, uno de los tres poderes de la República que López Obrador no ha logrado cooptar ni someter y que, en año electoral por las elecciones de 2024, significan en clave política, un ominoso ataque por parte de un poder del Estado (el Ejecutivo en complicidad con su mayoría legislativa) en contra de otro poder del Estado en la división de poderes que sustenta la democracia y el sistema republicano en nuestro país.
