Las democracias, incluso las más consolidadas, no son eternas. La historia antigua y moderna, ha demostrado que esta forma de gobierno es endeble y frágil y puede experimentar procesos de degeneración, crisis, decadencia e involución, que conducen finalmente a su quiebre y colapso.
Este es un riesgo sobre todo para las nuevas democracias, que presentan un déficit en su consolidación o calidad, que las hace muy vulnerables a los liderazgos demagógicos, populistas y autoritarios que buscan subvertir el orden democrático.
¿Cómo se da el proceso de desdemocratización? ¿Cómo se involuciona de una democracia aparentemente estable a un régimen autoritario? ¿Cómo se erosiona y desmantela un régimen democrático, hasta lograr su exterminio?
Steven Levistsky y Daniel Ziblatt al explicar este proceso señalan que las democracias ya no sucumben a manos de militares que encabezan violentos golpes de estado, sino que ahora son líderes electos los que buscan aniquilar el orden democrático que los llevó al poder.
El libreto al que recurren los líderes populistas y autoritarios es más o menos el mismo: asaltan y capturan las instituciones democráticas, marginan y desprestigian a los medios de comunicación críticos, reforman la Constitución y el sistema electoral para debilitar a la oposición e inclinar la competencia política a su favor. Todo ello, con el pretexto de combatir la corrupción.
Ni más ni menos, este es el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y que ha quedo en claro con la propuesta de contrareforma política que ha esbozado el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
Esta propuesta, es una verdadera aberración. De concretarse, representaría una completa involución en nuestra vida política. Significaría un retroceso autoritario; desconocer y negar nuestro proceso de transición a la democracia; hacer un lado las instituciones y reglas que muchos años y esfuerzo costó edificar y consolidar.
México transitó de un régimen autoritario a la democracia, a través de sucesivas reformas constitucionales y legales que permitieron contar con instituciones y normas que garantizaran elecciones confiables, libres, equitativas y transparentes, así un sistema de partidos plural y competitivo.
Por lo visto, la 4T quiere desmantelar todo el legado de la transición democrática. Al presidente y a su partido MORENA les disgusta el pluralismo. Aspiran al poder absoluto. Añoran un regreso al sistema autoritario de partido hegemónico.
Durante mucho tiempo, en México el gobierno mantuvo el control de los procesos electorales. Esto generaba condiciones de total inequidad en la competencia, ya que el partido hegemónico contaba con un claro apoyo del gobierno.
Por ello, la lucha democrática se orientó a quitarle al gobierno el control de las elecciones. Ello se logró con la reforma de 1996, que consagró la autonomía plena y la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.
Sin duda, el INE representa el mayor y mejor esfuerzo de creación institucional en nuestra transición a la democracia. Sin embargo, ha sido durante estos años un organismo “incomodo” para López Obrador, porque no ha podido cooptarlo, ni someterlo a su voluntad e intereses.
El presidente ha anunciado que presentará una iniciativa de reforma constitucional para “modificar” el INE, con el argumento de que es necesario que exista una independencia real en los procesos electorales, que no domine el “conservadurismo” y que los que coordinan los comicios sean “auténticos demócratas”.
No se conoce todavía el contenido de dicha iniciativa. Pero anteriormente el presidente de la república y el líder nacional de MORENA revelaron que su propuesta es exterminar al INE, para que sus funciones sean absorbidas por el poder judicial.
Andrés Manuel López Obrador quiere una autoridad electoral a modo. Las elecciones del pasado 6 de junio no le dieron los votos para designar consejeros del INE afines. Por ello, busca ahora trasferir la función electoral al poder judicial, que lamentablemente ya ha colonizado.
Pero conviene advertir, que una reforma de este tipo sería absolutamente regresiva y peligrosa para la democracia. En México, ha quedado demostrada la conveniencia de separar, por un lado, la autoridad administrativa autónoma encargada de organizar los comicios (en este caso el INE) y la autoridad jurisdiccional (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
El presidente de la república, ha señalado que en su iniciativa de reforma constitucional contemplará también una reducción en el presupuesto de los órganos electorales y partidos políticos. Al respecto, podemos decir que efectivamente la democracia mexicana es muy cara y sí puede haber ajustes en estos recursos.
Sin embargo, no deja de llamar la atención la incongruencia y el oportunismo de López Obrador y su partido, que mientras fueron oposición nunca plantearon una reducción al presupuesto de los partidos. Ahora que son mayoría y disponen de millonarias prerrogativas lo hacen y es natural pensar que detrás de esa propuesta se esconde el propósito de debilitar y secar financieramente a la oposición.
Pero el colmo de la incongruencia del presidente de la república y de MORENA, es la propuesta para eliminar los 200 diputados y 32 senadores de representación proporcional. Se les olvida, que la representación proporcional se estableció desde 1977, con el propósito de darle representación legislativa a las minorías, sobre todo de izquierda.
La representación proporcional, ha tenido un efecto virtuoso en nuestra vida democrática, porque ha vigorizado el pluralismo. La Cuarta Transformación quiere un regreso al modelo exclusivamente mayoritario, que como sabemos tiende a la sobrerepresentación del ganador. Este es un tema muy estudiado por la política comparada y la ingeniería constitucional.
Con esta propuesta de contrareforma política, la 4T enseña el cobre. Su objetivo es desdemocratizar a México. Como lo dijo José Woldenberg: quieren regresar al país a los años setentas del siglo pasado, a la época dorada del autoritarismo y del partido hegemónico. López Obrador y MORENA quieren llevar a México a los años previos a la reforma política de 1977. De ese tamaño sería nuestra involución en materia política y democrática.
