James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, explicó en uno de los artículos de El Federalista los fundamentos de la forma presidencial de gobierno de la siguiente manera: “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”. Y agregó Madison: “La conservación de la libertad exige que los tres grandes departamentos del poder sean separados y distintos”.
Es decir, el presidencialismo se afianza en un sistema de división, equilibrio, balanzas, frenos y contrapesos entre los poderes, que a veces resulta frágil y problemático.
Para el caso de México, durante el largo período de dominio del partido hegemónico, se anuló en los hechos la separación y división de los poderes, debido a que los presidentes concentraron la capacidad de decisión y ejercieron un cúmulo de facultades, algunas de orden metaconstitucional.
El pluralismo político, la competencia electoral y la dispersión del poder, fueron acotando paulatinamente este presidencialismo exacerbado y asfixiante.
Recordemos que en 1988 el PRI pierde la mayoría calificada en la cámara de diputados, con lo cual el presidente y su partido quedaron imposibilitados de reformar, por sí solos, la Constitución.
En 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta en la cámara de diputados, con lo cual el presidente y su partido quedan imposibilitados de aprobar, por sí solos, reformas legales. Ese año, inicia en México la era de los gobiernos divididos, donde el poder ejecutivo ya no cuenta con mayoría en el legislativo.
Un proceso clave en la limitación del poder presidencial, lo representa la autonomía constitucional de diversos organismos como el Instituto Federal Electoral (hoy INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Banco de México e Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (hoy IFAI), con lo cual el ejecutivo dejó de tener el control de estas materias.
Podemos decir entonces que una de las características de nuestra transición a la democracia fue, justamente, el paso de un hiperpresidencialismo a una presidencia acotada constitucionalmente.
Sin embargo, con el triunfo de MORENA y de Andrés Manuel López Obrador estamos asistiendo a una peligrosa restauración del hiperpresidencialismo autoritario.
López Obrador desplegó una estrategia para conquistar y colonizar los otros poderes. El primer espacio capturado fue el legislativo, particularmente la cámara de diputados. Coptando legisladores y con interpretaciones torcidas de la ley, el presidente y su partido construyeron una mayoría artificial que no le dieron los ciudadanos en las urnas. El 2018, MORENA obtuvo el 37% de los votos en la elección de diputados, pero cuenta con el 51% de los legisladores en dicha cámara. Estamos en presencia de una sobrerrepresentación de 14 puntos, por arriba de los 8 puntos que permite la ley.
De igual manera, Andrés Manuel López Obrador emprendió la conquista y colonización del poder judicial. Forzó la “renuncia voluntaria” de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, y después vino el nombramiento de ministros a modo e incondicionales del ejecutivo federal.
En México, estamos viviendo una involución democrática, una autocratización en el ejercicio del poder, el retorno al país de un solo hombre.
El presidente de la república busca concentrar un poder absoluto. La independencia del legislativo y el judicial, y el estado de derecho, le parecen obstáculos en su proyecto redentor y salvífico.
López Obrador quiere que todo mundo se someta a su voluntad y no tolera opiniones y juicios contrarios a sus decisiones. De ahí la reacción furibunda contra los jueces que declararon la suspensión definitiva de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, a quienes acusó de “traidores” e “inmorales”, y demandó que fueran investigados.
La dura embestida orquestada desde la presidencia de la república, es un riesgo para la democracia, la división de poderes, el estado de derecho y la necesaria independencia del poder judicial.
Alexander Hamilton, otro de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, señaló en un artículo de El Federalista que en un sistema presidencial de gobierno la independencia judicial es indispensable para proteger la Constitución y los derechos individuales. Y sentenció Hamilton: “el principal deber de los tribunales de justicia es declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución”.
Eso, y no otras, cosa, han hecho los jueces que han declarado la suspensión definitiva a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Pero Andrés Manuel López Obrador no entiende que hay un estado de derecho que debe respetarse, que hay otros poderes igualmente legítimos que existen para controlarlo y limitarlo.
