Un fenómeno que no se está registrando en números es el desplazamiento forzado interno en las ciudades debido a la violencia e inseguridad; por lo regular, se visibiliza a las comunidades, el lenguaje oficial ha cambiado el nombre de desplazados por refugiados temporales, pues así, se evita darles una categoría ominosa en la que el Estado tiene la obligación de garantizar todos sus derechos y la Fiscalía General del Estado, iniciar las investigaciones.
Desde el 2021 existe una Ley de Desplazamiento Forzado en Sinaloa que es letra muerta. Nada más alcanza para despensas y en algunos casos, para familias que han luchado por años, un pedazo de terreno en las periferias de las ciudades. De ahí en adelante dudamos que la flamante secretaria de Bienestar, María Inés Pérez Corral, ofrezca un panorama sobre esta legislación.
Lo que hoy sucede de manera silenciosa, es el desplazamiento de familias en las ciudades, difícil de documentar de manera oficial, porque sencillamente se van sin decir una palabra. Muchas veces sin decir adiós, en algunos casos, comentando que se mudan por la misma situación.
La cámara de comercio de locatarios dio una cifra: son al menos 15 familias, que por diversas razones, han decidido salir del estado, ya sea porque sufrieron un secuestro exprés, o por la zozobra constante y las nulas ventas de sus productos.
Por medio de comentarios, se sabe que otras familias se han ido al tener la opción de cambiar de trabajo o tener posibilidades que no afecten abandonar una casa. Van y vuelven, según lo crean conveniente.
Lo que sí es que muchas situaciones ocurren en Sinaloa, como el cerco informativo que cayó sobre Elota y otras comunidades, sin que el Estado se preocupe por hacer algo integral.
Nada más hay que ver la burla, apenas el martes 8 de octubre estuvo en Sinaloa el Gabinete de Seguridad federal encabezado por el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla y el de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y tras prometer refuerzos, comenzó la violencia: un joven fue asesinado en el sector Nueva Galicia, cerca del Cuartel Militar.
Lo mismo ocurrió cuando el jueves anunciaron de manera propagandística la llegada de Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y vehículos artillados y blindados, con neumáticos a prueba de “ponchallantas”: la madrugada del viernes 11 de octubre la capital experimentó una sacudida violenta: un bloqueo con vehículo incendiado en la UAdeO, en los límites con Elota, saqueo de celulares en Barrancos, intento de robo con una retroexcavadora en Valle Alto y hurto de más de 40 motos en la Buenos Aires.
Todo un panorama desolador, sin asideros en la tranquilidad que no llega. Y mientras tanto, los obligados a irse se van, los que pueden se despiden, para no ser víctimas o, para salvarse si ya fueron víctimas. Un crudo corolario ante el estado de sitio en el que se vive.
En total abandono
Sin una inversión económica fuerte para mejorar su operatividad, los mercados municipales en Mazatlán han quedado en el abandono. Ahí están, son visibles, pero relegados.
El principal de ellos, el histórico “José María Pino Suárez”, una joya arquitectónica que además es un referente turístico, luces gastado, su techo y sus cables eléctricos al “aire libre” dan la sensación de riesgo, que debes andar con cuidado.
En 2014 se bajaron 80 millones de pesos de la Federación para una remodelación total del centro de abastos, pero por disputas entre locatarios ese recurso, a pesar de estar etiquetado, fue desviado para la construcción del Centro de Seguridad Ciudadana, en la colonia Huertos Familiares, y para la construcción de Centro de Usos Múltiples.
Este hecho constituyó peculado porque los recursos etiquetados no pueden desviarse, pero nadie pisó la cárcel.
En 2018 se hizo una inversión rumbo al Tianguis Turístico que se realizó en Mazatlán, en apenas una primera etapa, un arreglo cosmético, pues.
Desde el Gobierno municipal poco o nada se invierte, más todavía, los diputados federales ni siquiera hacen el esfuerzo por conseguir recursos para que haya una remodelación integral de este centro de abastos, que sobrevive al tiempo y que no compite contra la irrupción de cadenas de súper mercados.
El resto de los mercados municipales andan por las mismas: el Juan Carrasco, el Cuauhtémoc de Villa Unión, el Miguel Hidalgo de la colonia Juárez y el de la colonia Flores Magón.
A duras penas cumplen esa función social de ofertar mercancías en sus comunidades.
Solo han sido objeto de “mejoralitos” pero nada de peso, que inviten a que los clientes se sientan arraigados para hacer las compras de sus comestibles en ellos.
La nueva administración municipal debe entrarle al asunto y de la mano de otras autoridades conseguir recursos para que estos espacios se vuelvan un referente de sus comunidades.
