El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sentó el más terrible de los precedentes, cuyas consecuencias, me parece, no terminan de dimensionarse por la ciudadanía: del 25 al 28 de octubre de 2018, López Obrador llevó a cabo –sin ser todavía presidente en funciones– una supuesta ‘consulta ciudadana’ mediante la cual canceló el megaproyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y que contaba con un avance de más de 30%.
Se trató de una ‘consulta’ no solo ilegal, sino también inconstitucional, en la medida en que tanto nuestra Constitución como la legislación secundaria prevén y regulan ese mecanismo de participación ciudadana; y la del presidente fue realizada al margen de dichos ordenamientos jurídicos. A aquella ‘consulta’ –patito o gansito, como muchos han calificado– le han seguido otras que yo denominaría no patito, sino simplemente como igualmente ilegales e inconstitucionales, para preguntar cosas innecesarias o inútiles.
Pues bien, en Mazatlán, el pasado 6 de diciembre de 2020, se efectuó una ‘consulta ciudadana’, promovida por el alcalde de Morena, Luis Guillermo Benítez Torres –organizada y contabilizada por su gobierno, y no por una autoridad electoral– con el propósito de que los mazatlecos decidiesen si, en el contexto de la actual crisis de salud derivada del coronavirus, debía o no celebrarse el Carnaval de Mazatlán programado para febrero de 2021. Con una participación ridículamente escasa, el resultado, por cierto, se inclinó por el ‘no’.
Varios estados de la república se encuentran en riesgo de un colapso hospitalario ante el incremento de casos de Covid-19. Razón por la cual, la cancelación del Carnaval de Mazatlán, previsto para febrero, parece ser la medida más prudente.
Pero veamos: ¿por qué someter a consulta popular una medida que debería ser tomada por los políticos a partir de los dictámenes de expertos en salud pública? ¿Por qué en México hacer lo correcto, desde un punto vista sanitario, debe condicionarse a una consulta? ¿Por qué endosar la decisión a la ciudadanía mazatleca? Porque esa decisión –aguafiestas por definición– es impopular y acarreaba negativos en el camino de Benítez a la gubernatura. No obstante, esa es la naturaleza de los gobiernos populistas: perseguir 2 intereses políticos propios revistiéndolos de tal forma que aparentan, pregonan y dicen proteger el interés del ‘pueblo’.
La ‘consulta ciudadana’ sobre el Carnaval de Mazatlán es una farsa. En primer lugar, porque no se fijó ni respetó, de antemano, un porcentaje mínimo de participación que hiciera vinculatorio el resultado, como sucede en las democracias serias del mundo en donde se practica este mecanismo de participación y como lo establecen las propias normas en México. En Mazatlán, que cuenta con una población de medio millón de habitantes, participaron apenas 1,576 personas.
¿Esa cantidad basta para tomar esa decisión?
¿Son suficientes votos para ser representativos del sentir y pensar del total del electorado mazatleco?
¿Consultaron a expertos de opinión pública para la formulación de la pregunta? …Pregunta que, por cierto, estuvo incorrectamente fraseada sin duda alguna.
En segundo lugar, porque el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución, así como la legislación secundaria prevén los requisitos para la realización de consultas, procedimientos, plazos, porcentajes mínimos de participación, autoridades imparciales involucradas, etc., ninguno de los cuales se cumplieron en el caso de Mazatlán. Una ilegalidad y una simulación, por lo tanto.
El presidente de México, López Obrador, impuso un mal precedente –dije antes–.
No solo por los efectos económicos de aquella primera consulta inconstitucional (pues la difícil situación económica actual fue previa al Covid-19: en 2019 nuestro PIB creció -0.1% y la inversión se detuvo desde aquel octubre de 2018 en que se canceló el aeropuerto), sino también por la normalización de la ilegalidad impulsada por la propia autoridad.
Contrariamente a lo que dice constantemente el presidente, las autoridades no tienen derechos. Las autoridades tienen facultades y obligaciones. Solamente pueden hacer aquello que la ley les faculta. Actuar al margen de esas facultades constituye una violación al principio de legalidad que rige a toda autoridad, tal y como ha ocurrido con las consultas.
Los gobiernos anteriores se asumían liberales, pero eran corruptos. El actual se asume incorruptible, pero es iliberal. Es decir, en ambos casos, un batiburrillo imposible, un sinsentido y una broma para los mexicanos.
Claro que en México debemos practicar consultas ciudadanas. Lo que no debe hacerse es utilizar y pisotear esa forma de participación para justificar, en nombre del 3 ‘pueblo’, decisiones previamente tomadas por los propios políticos y, menos aún, al margen de la ley.
Parafraseando a Miguel de Unamuno, podríamos decirle a esta caterva de gobernantes que haréis y venceréis en vuestras consultas, pero no convenceréis.