Son al menos 9 enfrentamientos que se han contabilizado con testimonios de pobladores en comunidades rurales de Culiacán e incluso Elota, los cuales no han tenido eco en los reportes cotidianos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los llamamos la guerra silenciosa, ya que no se cuenta con datos concretos, pero sí con aquellos que confirman que ocurrieron. Desde que comenzó el conflicto en el Cártel de Sinaloa, provocado por la entrega de Ismael “El Mayo”, se han suscitado choques armados en donde la información es lo que falta.

Las autoridades se han visto omisas en informar de manera fehaciente, la conferencia diaria del secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez y del secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, si bien es buen ejercicio, no alcanza a detallar los datos que la sociedad requiere para informarse.

Las zonas de silencio se están volviendo parte de la cotidianidad en Sinaloa, puntos claves en la narcoguerra en curso, en donde los pobladores quedan a merced del hampa sin posibilidad de tener seguridad, porque los militares llegan después que todo ha pasado.

Vivir con miedo

La inseguridad que sienten los mazatlecos desde los primeros días de septiembre es muy perceptible todos días.

Ante cualquier hecho de violencia, más cuando de homicidios se trata, genera una psicosis colectiva y cuestionan las tareas que ejecutan en el puerto las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

A todas horas expuestos ante la información que circula a través de las redes sociales ahonda más la sensación de inseguridad.

Creen, y les asiste la duda, de que la zona urbana del puerto tienda a convertirse a la situación que vive Culiacán y el centro del estado, donde los “culiacanazos” previos y el que actualmente se vive de manera prolongada por el pleito de “Chapos” y “Mayos” ha paralizado a sus habitantes, al grado que aquí ya se le empieza a denominar, de manera coloquial, como el “mazatlanazo”.

Los números y los hechos contrastan con lo que piensa o tema la ciudadanía, pero el discurso oficial no abona a la tranquilidad de la población.

Sin embargo, en este escenario caótico lo que más provoca miedo son las desapariciones forzadas que aumentaron a partir de la fecha fatídica del 9 de septiembre.

No hay antecedente en el puerto que equipare a lo que se vive actualmente en cuanto a privaciones ilegales de la libertad, quizá porque no había denuncias formales o las familias no se atrevían a hacerlo público.

Esta situación se ha vuelto ya en una crisis de derechos humanos en el puerto, pues a diario la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa da por lo menos a conocer un caso de desaparición forzada, incluso en ocasiones en que difunda hasta 4 desapariciones.

Claro, algunos son de semanas atrás, no solamente del día anterior inmediato, por eso la percepción de inseguridad es mayor y no se encuentra consuelo en ese escenario de desapariciones.

Las Fuerzas Armadas, sumidas en el combate a estos flagelos, tampoco ayudan a aclarar qué sucede en las colonias del puerto por su mismo ostracismo.

Apenas este miércoles la Marina informaba de la liberación de un joven en el puerto y la captura de 4 de sus presuntos captares, pero hasta ahí, pues se trató de un rescate que no estaba previsto por ellos, ya que el objetivo delo operativo estaba basado en la búsqueda de delitos contra la salud.

Como sea, el operativo de seguridad que se implementó desde lunes 28 de octubre tras el ataque al conductor de una camioneta blindada fue una respuesta tardía a todo este panorama.