Cada mes, el Congreso del Estado dedica 780 mil pesos con un fondo que, al menos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no se observa como obligatorio: gestión social, es decir, ayudas en especie a ciudadanos, las cuales se traducen en una forma clientelar de apoyar a personas de escasos recursos con la consabida dedicatoria que es a nombre de fulano o zutano partido político.
¿Es legal que el Congreso use recursos de manera electorera? Cada uno de los diputados puede justificar con facturas, credenciales de elector, CURPs y recibos un monto de 20 mil pesos al mes, así que las reglas no están muy claras, porque en una revisión realizada por El Sol de Sinaloa se pudo constatar que estos apoyos llevan el mensaje de que las y los diputados, más que resolver una situación de fondo en su distrito, buscan tener beneficios para una próxima campaña.
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Hay quienes regalan bultos de lámina negra (ahí se nota el mercadeo con la necesidad de las personas), despensas mínimas con logos de sus partidos, materiales de construcción, uniformes deportivos, entre otros. Quizá lo que sí por humanidad pudiera pasar son los medicamentos, pero ello comprueba que el sistema de salud es deficiente, y si las personas recurren a un legislador para comprar medicinas, es que en las unidades médicas no se consiguen.
Esta práctica que se hace desde el Poder Legislativo no tendría nada de malo, si no fuera porque no existe una verdadera regulación para que los apoyos no sean usados para beneficio político y económico de los diputados. En otras legislaturas la Auditoría Superior del Estado descubrió que había quien inventaba beneficiarios y hasta conseguía facturas apócrifas para que el dinero de la gestoría quedara en sus bolsillos.
Es lo mismo con el recurso que se gasta en gasolina, no se puede saber en qué se van esos cientos de miles de pesos en combustible, si el o la diputada lo usa para moverse o le da beneficios a personas ajenas al Congreso y a su equipo. Recurso público que no está regulado en su uso, cae en la zona gris del posible mal manejo.
De ahí que digan lo que digan los legisladores, sí urge que se legisle en el sentido de que los más de 9 millones que se gastan en el fondo de gestoría social, sea verificado que se destina en paliar las necesidades de las personas.
Lo decimos porque en la revisión que hizo El Sol de Sinaloa a las facturas de un diputado, y cuya historia se cuenta en estas páginas, vienen imágenes que no cuadran, y que deja entrever que está pagando servicios que en realidad no se hacen o se hicieron en otro municipio. De ahí que le tocaría al órgano de control interno del Congreso y a la ASE, hacer las verificaciones correspondientes.
DICIEMBRE ACCIDENTADO
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado, cada mes de diciembre las cifras de accidentes y muertes dolosas suelen incrementarse, y esto es motivo para volver sobre el debate de la cultura del exceso de velocidad que tienen muchos automovilistas.
Estimaciones de la asociación civil dedicada a la movilidad, Pro Ciudad, indican que un vehículo que circula a 30 kilómetros por hora es capaz de dejar serias secuelas a una persona, y a los 90 la posibilidad de sobrevivir a un atropellamiento es poca, entonces también urge que en las ciudades se invierta en infraestructura para “educar” a los conductores.
El pasado 29 de noviembre doña Rosalina murió arrollada en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, frente a Plaza Fórum. El vehículo, propiedad de la Fiscalía, iba a exceso de velocidad. En las redes sociales hubo personas que responsabilizaron a la víctima, por no usar el puente peatonal poco accesible que hay a un lado. Sin embargo, el debate sería por qué ninguna autoridad se ha preocupado por hacer un paso peatonal seguro en esa zona, qué le quita a los automovilistas que circulen más despacio si es cruce de personas, ¿a poco la prisa por llegar a ninguna parte en una ciudad pequeña como Culiacán vale la pena aunque sigan muriendo personas sobre el asfalto?
