Si bien la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública emprendieron una estrategia conjunta, de entregar un reporte diario, como si fuera un parte de guerra, a los medios de comunicación, en donde llevan el conteo de muertos, denuncias de privaciones de la libertad y robo de vehículos, lo cierto es que los números no le cuadran a algunos colectivos que han alzado la voz.
Y es que en ocasiones es complicado mantener las cifras reales del tema de las personas que están siendo privadas de la libertad, pues no todas las familias se atreven a denunciar, pero no hay que responsabilizar a los ciudadanos, se sabe que en los ministerios públicos incuba el huevo de la corrupción, por lo que acudir en auxilio de la Fiscalía muchas veces se vuelve hasta un riesgo.
Si bien es posible que la Fiscalía no lo reconozca, desde hace mucho que su estructura quedó rebasada y volvemos al mismo tema, al mismo debate, de que en Sinaloa no se invierte lo suficiente en la materia de procuración de justicia.
Eso sí, para el 2025, si es que llegamos vivos, sanos y salvos, el gobierno federal, de la manos de sus aliados los estatales de Morena, estrenarán la reforma constitucional al Poder Judicial, sin hacer cambios en las Fiscalías, lo que no es un buen aviso para que en este país haya una verdadera justicia para el pueblo. Al tiempo.
La derrota en la guerra antinarco
La guerra contra las drogas nació muerta. Todo negocio, legal o ilícito, tiene en el dinero la sangre que lo mantiene con vida.
Es una economía simple: oferta y demanda. Adictos y muertos. Y cuando no hay dinero, ese cuerpo empieza a marchitarse y a buscar otras venas que le den continuidad a su existencia.
El panorama sobre la inseguridad que estalló en Sinaloa el 9 de septiembre surgió en ese contexto.
La mudanza de esta violencia a Mazatlán ya empezó a causar problema en la principal rama económica del puerto: el turismo.
Y todavía las autoridades no tienen claro qué medidas implementar para contrarrestar los escenarios que se pueden presentar.
Hasta el momento han actuado con “chispazos” de contención, más no de prevención, mientras familias enteras, cada vez más, padecen la crisis de desapariciones forzadas de sus hijas e hijos en Mazatlán.
De acuerdo con organismos empresariales se calcula una pérdida económica al turismo y a los diferentes sectores que dependen de él por más de mil millones de pesos, con corte al 30 de septiembre, y de seguro se agravará más.
Los bloqueos carreteros en zonas que usan los turistas para llegar a Mazatlán han sembrado el pánico, por lo que evitan trasladarse para no ser víctimas de robo de sus vehículos o resultar heridos en un enfrentamiento.
Desde el Gobierno federal tampoco hay claridad en cómo resolver el problema ni en lo social ni en lo político, por lo menos hasta ahora.
Los ciudadanos prefieren recluirse, contra su voluntad, y los consume ese encierro. Así la vida se apaga.
Por eso urge que las autoridades de los tres niveles de gobierno armen lo más pronto posible una estrategia de seguridad en el estado, no necesariamente donde las fuerzas de seguridad lleven el papel protagónico, sino una que incluya, incluso, el perdón de los agravios cometidos.
La construcción de paz nos atañe a todas y a todos.
