En este espacio hemos analizado algunas instituciones de justicia, especialmente, a partir de datos duros con el propósito de contribuir al debate público sinaloense: cifras de feminicidios y de otros delitos perpetrados contra las mujeres en nuestro estado, así como el desempeño de la fiscalía y del poder judicial estatales, entre otros. En la mayoría de los casos, hemos intentado privilegiar el análisis propio a partir de las bases de datos que ofrecen el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, en esta ocasión nos gustaría hacer referencia a un extraordinario, amplio y ambicioso estudio de la organización México Evalúa, titulado Hallazgos 2019, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, realizado con el apoyo económico de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.
Normalmente, los estudios de esta naturaleza describen las debilidades de las instituciones y de las políticas públicas de justicia, y en el mejor de los casos acompañan sus críticas con cifras para fortalecer sus argumentos. No obstante, Hallazgos 2019 de México Evalúa va muchísimo más lejos no solo porque trasciende la simple crítica, el señalamiento de fallas y evita propuestas demasiado generales, sino porque brinda recomendaciones muy específicas acompañadas de toneladas de evidencia valiosísima.
Como lo hemos indicado en ocasiones previas, en México se cometen alrededor de 33 millones de delitos al año, de los cuales solo se denuncian el 10%, se investigan el 6.8% y en muchos casos no hay ningún resultado. De tal forma que la impunidad es cercana al 94%. Los feminicidios han aumentado, el desempeño de las instituciones de justicia es pobre y las tasas de muertes violentas no se reducen. En un ambiente de inseguridad y violencia, el sentimiento de desamparo de los ciudadanos es desolador.
El informe Hallazgos 2019 tiene al menos tres aspectos que me gustaría destacar. Aborda: 1) los factores que dificultan la operación del sistema de justicia penal; 2) las capacidades institucionales, y; 3) los resultados del desempeño de las instituciones de justicia.
En cuanto a los factores que dificultan la operación del sistema de justicia penal, el informe subraya que en muchos estados de la república no hay una verdadera planeación de las políticas de seguridad pública y justicia basada en datos, metas, estrategias y criterios de evaluación de resultados, además de que los órganos de coordinación interinstitucionales estatales son en algunos casos deficientes; además, algo similar ocurre con la planeación de los recursos financieros. Por otra parte, se evidencia que gran parte de los estados cuenta con bases de datos inadecuadas. Es indudable que la carencia de información oportuna y de calidad conduce a la inacción, a la inercia y a la ceguera. Dichas bases no son transversales a las distintas instituciones de justicia y, en la mayoría de los casos, no se poseen portales de datos abiertos.
En cuanto a las capacidades institucionales, el informe enfatiza la capacitación del recurso humano y el deficiente servicio profesional de carrera, asuntos –por cierto– que ya hemos abordado en este espacio. Sin embargo, el grado de detalle de la información que se plantea es francamente admirable. Se mide la insuficiencia de personal de las distintas instituciones de justicia (como lo han señalado cuantiosos estudios), pero además se analiza la efectividad del desempeño de jueces, fiscales, policías, servicios periciales, investigación criminal y personal carcelario, así como un diagnóstico pormenorizado de los cursos de capacitación que, en cada uno de los estados de la república, dicho personal ha tomado o no.
Respecto a los resultados de desempeño, el informe destaca que conforme un asunto avanza a través de los distintos órganos burocráticos, estos se convierten en tuberías taponadas y averiadas. Esta inacción gubernamental presentada en cifras por este informe puede parecer árida, sin embargo, detrás de estos números hay millones de historias de ciudadanos que se sienten desamparados ante la pasividad y la ineficacia institucional. Quizá lo más interesante es que el estudio proporciona, además de una evaluación global del desempeño, una fotografía de fallas específicas en procesos muy concretos de las diferentes instituciones de justicia.
Es imposible verter aquí la infinidad de cifras que brinda Hallazgos 2019. Lo que se comparte en estas líneas es –acaso– una mirada a vuelo de pájaro de una herramienta que no debe pasar desapercibida para los ciudadanos, centros de investigación y gobiernos. Por el contrario, puede ser el punto de partida para diseñar políticas públicas en beneficio del estado de Sinaloa.
