Desde que se anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría gira por Sinaloa y que uno de los puntos a visitar de manera prioritaria sería el municipio de Badiraguato, despertó de inmediato las suspicacias en redes sociales y en medios de comunicación.
Pero cuando se dijo que al evento de supervisión de la carretera hacia El Parral, a cargo ahora del Gobierno Federal, sería estrictamente privado y sin medios, la cosa estalló como algo que el presidente escondiera, siendo este municipio la cuna de grandes capos y sobre todo baluarte de vital importancia para el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, quién sabe si por mala estrategia o por cambio de planes, el Gobierno federal informó que sí habría acceso a medios, acallando las especulaciones fáciles en internet.
Lo que sí es una realidad, más allá de toda suspicacia no comprobada, es que al presidente López Obrador le gusta manejar la agenda mediática y debió saber de antemano que ir a Badiraguato era ponerle el cansado estribillo de "la tierra del Chapo".
De modo que en tiempos en los que hay que reclamarle y exigirle más bien el manejo de la pandemia, el fracasado sistema de salud que no alcanza a Dinamarca y la violencia vertebrada que hace blanco todos los días en varias regiones del país, el discurso de va hacia un tema baladí: ¿por qué quiere privacidad en la tierra del Chapo? ¿Acaso quiere ir a ver a doña Consuelo? ¿Verse con alguien?
Pero lo más oportuno es preguntarse acaso: ¿por qué sale ahora justo a unas horas de una consulta que él promueve y que ni siquiera se requiere, como no requirió consultar a las masas para comprar la refinería en Texas?
¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
Sin pelos en la lengua, el diputado federal electo, Juan Guadalupe Torres Navarro, habló de la ampliación del establecimiento “El Muchacho Alegre” que recientemente inició trabajos sobre la Playa Norte, en Zona Federal Marítimo Terrestre, con el argumento de tener un permiso de construcción de parte de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dijo que dicho negocio está violando la ley de bienes nacionales, ya que no debe de haber ninguna construcción privada a 10 metros de donde llega el oleaje, que corresponde a ZOFEMAT.
Comentó que con esta obra, propietarios del negocio podrían ser sancionados o perder la concesión.
Y es que lo que antes era un lugar de esparcimiento público, se convirtió con el paso del tiempo en un negocio privado. ¿Cómo sucedió esto?
El futuro legislador, quien tomará protesta el próximo mes de agosto, dejó entrever que para que esto se consolidara, tuvo que haber tráfico de influencias, porque de otra manera no se explica cómo Semarnat dio permiso para una construcción en Zona Federal Marítimo Terrestre.
Refirió que entre los inversionistas, se encuentra Ricardo Velarde, quien tiene una relación familiar con Joel Bouciéguez, ex alcalde interino de Mazatlán y actual subsecretario de Gobierno.
“Yo les voy a decir, con nombres, quién es uno de los accionistas mayoritarios del Muchacho Alegre; se apellida Velarde, y ahí detrás de él está Bouciéguez, el que fue nuestro presidente y ahorita es subsecretario de Gobierno. La cuñada de Bouciéguez es tía de este señor, entonces ahí hay tráfico de influencias y ahí podría desencadenarse una sanción hacia Bouciéguez también”, expresó.
Por otra parte, indicó que alguien al interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tuvo que haber firmado esas concesiones, violando la ley de Semarnat.
Refirió que una vez que asuma su cargo como diputado federal investigará hasta las últimas consecuencias este caso y otros que se presentan en Mazatlán, tocando puertas ante las secretarías involucradas y, de ser posible, irá ante las oficinas de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
