El resultado era previsible. Un gran porcentaje de los encuestados estuvieron a favor de que, tanto los jueces como los ministros, sean elegidos por el voto popular. Pero esa es sólo una parte de la reforma al poder Judicial de López Obrador. La que se ha hecho pública, mediática. Hay otra parte de dicha reforma que se ha quedado en lo oscurito. Y que tiene que ver con la transformación de Consejo de la Judicatura Federal. Una transformación que afectaría profundamente el sistema judicial mexicano
Según la encuesta, una abrumadora mayoría opinó que, efectivamente, es una gran idea que el pueblo sabio elija a sus jueces y sus ministros. Igual opinión tuvieron aquellos a quienes, al inicio del sexenio, les preguntaron acerca de, si debía o no, continuarse con la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Resulta curioso, por no decir descabellado, que muchos de los encuestados en aquel momento, ni siquiera se habían subido a un avión. Ya no se diga que tuvieran conocimientos de aeronáutica o de ingeniería civil. Opinaron al puro chilazo, llevados por la idea, vendida por el presidente, de que en la construcción del nuevo aeropuerto imperaban las corruptelas y los moches. Y como ya se sabe que los mexicanos somos incorruptibles, nos opusimos tajantemente. Faltaba más.
En el caso de la reforma del Poder Judicial, sería oportuno preguntarse qué tanto sabe la gente que votó a favor, sobre algo de lo que se habla muy poco. Es decir, el cambio que pretende hacerse, tanto en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cómo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo que plantea López Obrador es sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal, el aparato encargado de administrar los recursos materiales y humanos que se requieren para que opere el poder Judicial, por un nuevo órgano de administración. Y crear al mismo tiempo un tribunal de disciplina judicial que lo vigile. Una especie de fiscalía, un tribunal inquisitorio, con un enorme poder para sancionar a jueces y ministros y para incidir en las grandes decisiones judiciales. Tal vez en el papel hace sentido, pero en la práctica ya sería otra historia.
Los asegunes
Se trata de un cambio completo en el modelo de administración judicial como se conoce hasta el día de hoy en México, dividiéndolo en dos y separándolo funcional y orgánicamente de la SCJN. El nuevo órgano de administración judicial, según la receta del presidente, poseería independencia técnica y de gestión. No dependería más de la SCJN. En tanto que el Tribunal de Disciplina judicial tendría, no sólo independencia, sino también facultades amplias para recibir denuncias, investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, incluido los del Tribunal Electoral. Suena bien. El problema es que al crearse un órgano de disciplina judicial, la SCJN perdería autoridad y poder, pues en la práctica ya no sería el tribunal supremo de la nación, sino que estaría supeditada a los designios del Tribunal de Disciplina judicial. Más manos en la impartición de justicia. Más burocracia. Más corrupción. Y también la posibilidad de que el presidente en turno pueda castigar a los ministros de la SCJN si algo no le parece.
No se equivoca López Obrador cuando dice que se requiere una reforma que transforme desde la raíz al poder Judicial. Para él y para quienes lo asesoran, la solución es reconstruir al Consejo de la Judicatura. Pero se necesita más que eso para hacer realmente equitativa la impartición de justicia en México. Y es que la visión presidencial no toma en cuenta aspectos tan importantes como la actuación cotidiana del Ministerio Público y las fiscalías; no se habla ni por asomo de la transformación del sistema penitenciario; tampoco se plantea una estrategia de verdadera justicia social. Una en la que no se necesite dinero para hacer valer la ley.
Tiempo y dinero
Llevar a cabo cambios de la magnitud que plantea la reforma judicial, exige mucho tiempo y recursos. Hasta ahora no hemos escuchado que exista algún plan para su implementación, así como tampoco una ruta crítica y, mucho menos, un presupuesto. Y es esa falta de planeación lo que provoca que los inversores escondan el dinero y que los mercados se sacudan. Se pretende descabezar al sistema judicial, para tratar de armarlo a modo. Ello a partir del mito (inventado y manipulado por los propagandistas de Palacio Nacional) de que todo mejorará, como por arte de magia, en el momento que los jueces y ministros sean elegidos por el voto popular. Lo cierto es que se requieren un estudio y un debate muy largos, antes de pensar siquiera en que la reforma pudiera ser aprobada por la mayoría morenista durante la nueva legislatura, que iniciará el próximo septiembre. Ya no se puede seguir haciendo las cosas al chilazo, sin medir las consecuencias. Al final, el caldo termina saliendo más caro que las albóndigas. Y ahí la nueva presidenta tendría que soltar un manotazo sobre la mesa. Aunque el Tlatoani se oponga.
Justicia y dinero
Por muchas reformas que vayan y otras que vengan, mientras no exista algo mejor que el dinero, como instrumento para comprar justicia, el sistema judicial mexicano seguirá siendo lo que es, un laberinto intrincado, una pesadilla para los pobres y garantía de impunidad para los ricos. En México meterse en un lío legal cuesta. Todo tiene su precio, desde las copias de la demanda, y lo que hay que darle al actuario y al secretario para que agilicen el papeleo, hasta el moche para el juez respectivo. Claro que, dependiendo del tamaño del sapo, será la pedrada. No es lo mismo ser acusado de homicidio, que promover un juicio de divorcio. Pero habiendo dinero cualquier bronca está solucionada. Se puede tener la plena certeza de que se hará “hará justicia” pronta y expedita. ¿Y Norma Piña, Presidenta de la SCJN? Quién sabe. Quizá no se ha dado cuenta, pero el changarro se le está cayendo encima.
