El pasado miércoles 18 de septiembre, dos días después del desfile militar, el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en la que propone que un sector de la población pueda portar armas de fuego. ¿Con ello se está abriendo la posibilidad para que el resto de los mexicanos también puedan armarse? Es posible y parece justo. Si el Estado se ha rendido en su obligación de proteger a sus ciudadanos, al menos debería permitir que lo hagan ellos mismos. Claro, las consecuencias son insospechadas.
De aprobarse la reforma al artículo 24 de la Ley General de Armas de Fuego, enviada por el presidente, una buena parte del pueblo -bueno y sabio- podría armarse para defenderse del crimen organizado. Desde jornaleros, ejidatarios y comuneros, hasta pueblos y comunidades indígenas. Eso además de un número indeterminado de trabajadores pertenecientes a empresas paraestatales como Pemex, el SAT y la CFE. Cómo estarán las cosas, que al gobierno ya no le quedó de otra más que permitir que una buena parte de los mexicanos porten un arma, con la certeza (jurídica) de que en caso de usarla para protegerse, no serán consignados ante un Ministerio Público. Ojo por ojo, diente por diente.
Pero la idea de armar a la gente que habita fuera de las grandes ciudades no es nueva. Ya se aplicó hace años en Michoacán, precisamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No llegó a ser una ley, pero en la práctica, pueblos enteros se armaron y organizaron ejércitos ciudadanos para darle batalla al cártel de los Caballeros Templarios. Así nacieron las autodefensas. O para decirlo con todas sus letras, grupos paramilitares tolerados por el gobierno. Comenzaron con unos cuantos miembros y en semanas ya eran miles. Todos ellos financiados por los machuchones de la región, como los limoneros, los madereros y los aguacateros. Hasta los narcos le entraron con dinero y gente; todo con tal de quitarse de encima a los Templarios, los cuales les hacían sombra con el “negocio”. Y mientras tanto el gobierno de Peñas Nieto usaba el movimiento a su conveniencia. Ante la opinión pública se mostraba severo y renuente con la idea de permitir que civiles armados hicieran justicia por propia mano. Pero ante la gente de los pueblos, era una especie de socio, comprensivo y paternal, que se hacía de la vista gorda y toleraba la “autojusticia”. No faltó algún líder de las autodefensas, que acabó agarrando hueso en el gobierno del estado.
El arma de la consciencia
Cargar un arma de fuego implica una enorme responsabilidad. Sencillamente porque otorga al poseedor un enorme poder sobre quienes lo rodean. Un arma da valor; y en las manos equivocadas puede convertirse en un polvorín. Y para ejemplo los tiroteos y masacres que ocurren en las escuelas gringas cada vez que un estudiante, traumado por los abusos que recibe de parte de sus compañeros y maestros, saca una escopeta o un rifle de asalto y abre fuego a discreción contra el primero que tiene la mala fortuna de cruzarse en su camino. Pero sea de este lado o de aquél, es irresponsable y temerario armar a la gente, sin antes explicarle el daño que puede hacer y las consecuencias que implica jalar del gatillo. El problema está en que a un gobierno que basa sus estrategias en las ocurrencias y las puntadas de su presidente, no se le puede pedir algo así como una campaña pública de concientización o, al menos, una campaña informativa sobre el tema.
De tal suerte que si la reforma de López Obrador llegara a aprobarse, cosa que parece muy probable, cada quien tendrá su propia interpretación de las cosas y su muy personal forma de reaccionar ante la permisividad, sin más argumentos que su propio grado de consciencia. Y eso en una población, como la mexicana, cuyo promedio de escolaridad es tan solo de 9.7 años, podría llevar al abuso de poder y a la institucionalización del agandalle. Por cierto, aún no ha queda claro, suponemos que ni siquiera para el propio presidente, si además de la portación de armas, su compra y su venta serán consideradas como legales. Y si no va a ser así, entonces la iniciativa suena a tomada de pelo.
La caja de Pandora
Hay dos cosas que antes de ser entregadas a alguien deben considerarse con mucho cuidado. Y ésas son el dinero y el poder. Armar a los mexicanos, así sea sólo un sector de la población, podría ser la llave que abra la temida caja de Pandora. Muchas cosas impredecibles podrían ocurrir, como que pueblos enteros reciban armas y dinero por parte de un cártel para enfrentar y exterminar a un cártel rival. O que ese mismo pueblo se agarre a balazos con el pueblo vecino para cobrar alguna venganza. O que, igual a como ocurrió en Michoacán, varios integrantes de las autodefensas se unan a células de mañosos y den origen a un nuevo cártel, que luego comience a extorsionar al mismo pueblo que los vio nacer. Aun así no se puede tapar el sol con un dedo. La violencia y la inseguridad han crecido a tal grado, que no queda más remedio que sacar el “plomo”, para defender la vida y las posesiones. No es lo mismo andar asaltando a gente indefensa en las carreteras, que enfrentarse a pobladores armados, entrenados y decididos.
Habría ayudado mucho que antes de enviar su iniciativa a los diputados, el presidente hubiese tenido la puntada de reformar el sistema penitenciario mexicano, al igual que las fiscalías y a los Ministerios Públicos. Pero no fue así. La puntada no llegó a tanto. Sorprende cómo cambian los tiempos y los políticos. Hace seis años, una iniciativa como la de López Obrador, el autoproclamado presidente del “humanismo mexicano”, habría sonado como un desvarío. Una contradicción. Hoy, lamentablemente, suena como algo realista. Puede que lo que siga sea la legalización de la pena de muerte. En tanto el sexenio languidece. Y el México bronco arde.
