Uno de los escasos consensos de nuestra clase política e intelectual, es que la democracia mexicana llegó por la vía electoral. En términos de Mauricio Merino la nuestra fue una “transición votada”, pues se construyó a través de sucesivas reformas constitucionales y legales que dieron pie a instituciones y procedimientos garantes del respeto al voto, con autoridades ciudadanizadas, condiciones de la competencia más equitativas y mejor representación de la pluralidad en las cámaras del Poder Legislativo. La propuesta del Plan C es sin duda una regresión al pasado, al régimen del partido hegemónico que no podemos permitir los demócratas y que urge deliberar entre todos los mexicanos.
De las veinte reformas presentadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la numero quince se refiere específicamente a la materia electoral y pretende modificar desde la Constitución el arreglo jurídico electoral que ha costado más 47 años de acuerdos y negociaciones entre todas las fuerzas políticas del país, tanto las formales como las informales, como fue el caso del Partido Comunista en 1977.
Desde ese lejano año de 1977, con la reforma política impulsada por el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, y que a la postre ha sido el mejor legado de la presidencia de José López Portillo, con el objetivo explícito de avanzar en el proceso de transición y consolidación democrática y hasta hace diez años, se han aprobado en nuestro país quince reformas constitucionales en materia electoral producto de grandes acuerdos políticos: en 1977 (6 de diciembre), 1981 (22 de abril), 1986 (15 de diciembre), 1990 (6 de abril), 1992 (28 de enero), 1993 (3 de septiembre), 1994 (19 de abril), 1996 (22 de agosto), 1997 (20 de marzo), 1999 (26 de febrero), 2004 (22 de julio), 2007 (27 de septiembre y 13 de noviembre) y 2014 (10 de febrero y 7 de julio).
Los apartados más preocupantes del Plan C que pretenden borrar del mapa jurídico toda esta historia de perfeccionamiento o consolidación de la democracia electoral mexicana, son los siguientes:
Eliminación de legisladores de representación proporcional o de primera minoría y reducción de su número. La 4T pretende restablecer el sistema exclusivo de mayoría relativa para la elección de diputados y senadores que nos rigió desde el México independiente en el siglo XIX, suprimiendo de manera absoluta a los legisladores de representación proporcional y a los senadores de primera minoría, mimetizándose en el PRI hegemónico de principios de los años 60´s, incluso antes de que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos legislara la incorporación de los llamados diputados de partido en 1963. La iniciativa propone reducir a trescientos curules, todas de mayoría relativa, la Cámara de Diputados, y a 64 escaños (dos por cada entidad federativa) la Cámara de Senadores. De manera pragmática y alevosa, quieren aprovechar la inercia electoral favorable para borrar del Congreso de la Unión a la oposición, y antidemocráticamente dejar sin representación legislativa a los mexicanos que no simpatizan con el gobierno de Morena.
Por cierto, la adopción exclusiva del sistema de mayoría relativa también se prevé para las diputaciones locales de las entidades federativas, lo cual no sólo limitaría su potestad de autodeterminación, sino generaría también sobrerrepresentación para las mayorías legislativas y cerraría el paso a la pluralidad en los congresos locales
Reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La iniciativa propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos en lo que se refiere a sus actividades ordinarias (gastos administrativos, laborales y de oficina) y para el gasto de campaña durante la contienda electoral, así como la eliminación del rubro destinado a educación y capacitación política. En este tema el Partido Sinaloense (PAS) ha ido más allá, tenemos varios años no sólo planteando la reducción a la mitad el dinero público sino exigiendo la eliminación del doble financiamiento (federal y local). Hoy Morena oportunistamente plantea una reducción cuando recibirá este 2024 un total de 3,159 millones de financiamiento público solamente para el ámbito federal. El costo de la democracia es un tema muy delicado que debería ser consensuado entre todas las fuerzas políticas.
Desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE). Se proponen sustituir al INE por el “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, cuyos integrantes al igual que la Suprema Corte serían elegidos por voto popular, durarían en el cargo seis años y el día de la elección coincidiría con la jornada electoral. O sea, pretenden capturar al árbitro electoral al ser elegido junto a la mayoría que llegue al Congreso. Sin duda con esta propuesta de reforma electoral la democracia mexicana está en riesgo y debemos alzar la voz para evitar una regresión que anularía todo lo que hemos avanzado políticamente en las últimas cuatro décadas.
Excelente inicio de semana.
24/Jun/2024.