En estos días se va a intensificar la deliberación de lo que públicamente se conoce como el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, un conjunto de veinte reformas jurídicas, dieciocho de rango constitucional y dos de leyes federales, que tienen como finalidad concretar las reformas a la Carta Magna que se propuso en el fallido Plan A (que no alcanzó la mayoría calificada en el Senado) y las reformas legales contenidas en el Plan B, que fueron en su momento declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A casi cien días de dejar el poder, esta iniciativa del presidente AMLO contiene muchos riesgos económicos, políticos y constitucionales que todos los actores políticos y los ciudadanos en general, debemos aquilatar pues pueden significar un grave retroceso de décadas en derechos y conquistas ciudadanas.
No solamente ha sido la oposición, la academia y la llamada “comentocracia” quienes nos advierten sobre los posibles y graves retrocesos, sino también grupos empresariales y financieros (regularmente cautos para pronunciarse políticamente, como Banco Base y Citibanamex por ejemplo) quienes han advertido de la incertidumbre y la desconfianza que podría generar para México como destino de inversión y relocalización de cadenas productivas, si llegaran a prosperar estas reformas al marco jurídico nacional.
Para darnos una idea de la magnitud de los cambios jurídicos del Plan C, les comparto un resumen que siendo muy práctico resulta también algo abrumador, pues las reformas son muy diversas y comprenden una gran diversidad de materias: incluyen modificaciones constitucionales relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas (artículo 2), programas sociales y bienestar (artículos 4 y 27), becas e inclusión laboral de jóvenes (artículo 123), atención médica universal y gratuita (artículo 4), vivienda (artículo 123), protección de los animales (artículos 3, 4 y 73), derecho a la alimentación, medio ambiente y agua (artículos 4 y 27), protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas (artículos 4 y 5), prisión preventiva oficiosa para extorsión y delitos fiscales (artículo 19), salarios mínimos y salarios de maestros, policías, médicos y enfermeras (artículo 123), pensiones (artículo 123), tren de pasajeros (artículo 28), reforma electoral (artículos 35, 41, 51 a 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122), reforma judicial (artículos 17, 20, 94 a 101, 107, 110, 111, 116 y 122), industrias estratégicas del Estado (artículos 25, 27 y 28), Guardia Nacional (artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 82, 89, 123 y 129), eliminación de organismos autónomos (artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134) y austeridad republicana y remuneraciones de servidores públicos (artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134). Además, incluye reformas a diferentes leyes para la simplificación administrativa y a la Ley del ISSSTE.
Resultará imposible deriberar con responsabilidad, durante los 30 días que tiene el mes de septiembre, todas las implicaciones de esta cirugía mayor a nuestra arreglo jurídico vigente. Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de las UNAM, la Constitución desde 1921 (fecha de la primera modificación) hasta abril de 2024, ha sido modificada en 771 ocasiones, en promedio más de 5 veces cada uno de los 136 artículos que la integran.
Pero sin duda, junto a la pretensión de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, una de las reformas que más debate y confrontación parlamentaria generará, es sin duda la modificación del sistema representativo para favorecer al partido en el gobierno, en este caso Morena pero que mañana puede ser otro y resultarle contraproducente al grupo político actualmente en el poder.
Me refiero a que con el pretexto de la austeridad, están proponen la eliminación de 200 diputados y treinta dos senadores plurinominales, así como treinta y dos senadores de primera minoría. Es decir, en este momento que la inercia electoral les favorece, proponen la vileza de que sólo haya legisladores federales electos por el sistema de mayoría relativa, retrocediendo más de sesenta años en el tiempo cuando ni siquiera existían los llamados “diputados de partido”, el Congreso le pertenecía al partido hegémonico (Sartori dixit) y los votos de la oposición no tenían derecho a estar representados en el Poder Legislativo. La transición de México a la democracia ha costado mucho esfuerzo, lucha e incluso sangre de los mexicanos. Legislemos para avanzar, no para retroceder.
Excelente inicio de semana.
17/Jun/2024.
