El Poder Judicial del Estado de Sinaloa es una “gran familia” privilegiada si tomamos en cuenta que en su estructura jerárquica los principales cargos están entre hermanos, hijos, primos… entre otros familiares.
Lo que parece una pléyade de personajes tocados por la divinidad no es más que la consecuencia de un poder del Estado que se cree intocable y se opone a una vigilancia externa, se cree, pues, el poder de poderes al que nadie puede cuestionar.
La estructura judicial en Sinaloa, que se encarga de velar por la Constitución estatal, se enfrenta ahora a una reforma que podría trastocar el modelo de la impartición de justicia como la conocemos.
Muchos ciudadanos que han pasado por los tribunales del estado, que se consideran víctima de este poder, consideran que el modelo actual no responde ni representa a los ciudadanos de a pie. La gente sabe de las injusticias porque de alguna manera las ha padecido, pero sobre la justicia no tienen claro cuál es el impacto en sus vida, en la lógica de que si se cuenta con dinero, ésta sí les beneficiará.
La concepción de esta manera de aplicar la justicia en el País motivó que en febrero de 2024 el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzara una iniciativa para reformar el Poder Judicial de la Federación como parte de la estrategia conocida como “Plan C”, pero la oposición, segura de que Morena y sus aliados no obtendría la mayoría calificada en ambas cámaras, durmió el sueño de los justos.
Ahora que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y es oficial tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el fin de semana pasado, la hoguera de las vanidades de este poder se ve amenazada y se resiste a su extinción.
Aunque la reforma en sí será el modelo para aterrizarse en los poderes judiciales estatales, principalmente en aquellos donde Morena tiene los Congresos bajo su control, también se esperan resistencias al igual que pasa con el Poder Judicial de la Federación.
En este contexto, se esperan días convulsos en las entidades, que pueden complicar la vida cívica y pública de los estados.
La rebelión de las atarrayas
El sector social de la pesca en Sinaloa ya no cree en la Conapesca, en consecuencia, en el Gobierno federal y todo lo que suene a Cuarta Transformación.
Con una producción ribereña y de esteros-lagunas en franca decadencia en los últimos años, parece que el actual gobierno se convirtió en el último clavo del ataúd de la pesca artesanal en la entidad.
Sin apoyos cruciales como el diésel, la actividad en los campos pesqueros cesteros de aguas interiores no vislumbra un panorama esperanzador.
Pangas atadas, motores descompuestos y atarrayas rotas son el escenario desgarrador de una producción que el pasado se jactaba de las buenas zafras.
Toda su vida se han dedicado a esta actividad, y ante la falta de trabajo en la pesca, la migración de sus comunidades para emprender en otras actividades productivas termina por no arraigarlos al sentirse fuera de lugar.
De norte a sur el panorama es el mismo, una pobreza lastimosa que no tiene cura.
En los tiempos del Gobernador Jesús Aguilar Padilla se lanzó un programa para rescatar a las comunidades pesqueras del estado, donde la drogadicción y el alto consumo de alcohol eran la constante.
Sin embargo éste quedó olvidado y fue un fracaso rotundo.
El 2018, con la llegada de López Obrador al Poder Ejecutivo federal, el sector social pesquero del País se llenó de esperanza, pero esa ilusión se convirtió en desespero.
Cada vez más condenada a su extinción, al igual que la pesca de altamar, está sujeta el siguiente sexenio a los humores de las políticas públicas para el sector.
Pero a simple vista no se ve un rescate inmediato, aunque el discurso oficial no se canse de pregonar sobre la importancia de la seguridad alimentaria para el País.
