En Sinaloa, el Código Familiar permite la maternidad subrogada, esto es, que por medio de un convenio mediante el cual una mujer acepta gestar un bebé para entregarlo a una pareja que por diversas índoles no pueden concebir, pero como en todo procedimiento de esta naturaleza, los detalles son tan importantes, que justamente la legislación actual no alcanza a cubrirlos.
Por ejemplo, el contrato debe tener un registro oficial ante las autoridades sanitarias del estado, pero como siempre, pueden existir personas que prefieren brincarse los procedimientos legales y hacerlo por fuera del sector salud, sin la vigilancia que debería implicar la ley.
No se trata de estigmatizar esta figura, al final de cuentas las mujeres son libres de decidir si les es conveniente gestar a un bebé que posteriormente entregarán a otras personas.
Aquí los puntos finos que ya se han mencionado en la opinión pública es una regulación más precisa, que no deje a las mujeres gestantes en la indefensión y, sobre todo, que obligue a quienes piden que se geste su hijo en un vientre subrogado, a cumplir con todos los cuidados, gastos y todo lo que conlleve cursar un embarazo.
Ese es el debate en el que se centrará la discusión en la próxima legislatura, porque a la que está en curso y por finalizar, le importó más la ventolera política de arrancarle el cacicazgo de la UAS al finado Héctor Melesio Cuen Ojeda, que en centrarse en el tema de derechos humanos.
Un Gobierno con resultados ‘a medias’
Los resultados en sus 2 años de gobierno sustituto fueron “medianones”, así se evidencian en sus propios números. Édgar González arribó como Mandatario municipal por un error garrafal de su antecesor y avorazado Luis Guillermo Benítez Torres, quien pensó que Mazatlán era suyo y de nadie más. Punto. Y ese fue su final.
Aunque ha mostrado más oficio político para navegar en las aguas turbulentas de la política sinaloense, el rosarense no puede presumir de un gobierno en el que se destaquen grandes proyectos, ya que en sus 5 ejes de gobierno en ninguno se superaron las metas, así de simple.
Drenaje, obra pública, inseguridad, forma de gobierno y derechos humanos retumbaron en la prensa como problemas cotidianos de la ciudadanía, que utilizó las redes para denunciar.
Y en el esquema de valoración de los organismos de transparencia y rendición de cuentas pos nomás no pasaría la prueba. Ahora que está punto de finalizar su gobierno ya se ve cerca de la administración Rocha Moya, ¿en qué puesto? En el que caiga, mientras el propio sistema lo saque de los reflectores marismeños en lo que se asienta el nuevo gobierno.
El “mini Culiacanazo”
Desde luego, guardando las proporciones, no se trató de un Culiacanazo como los otros dos, el primero del 17 de octubre de 2019 y el segundo del 5 de enero de 2023, cuando por fin el gobierno federal logró capturar a Ovidio Guzmán López.
Aunque parece que todo empezó con un enfrentamiento circunstancial en una zona aledaña de Jesús María, los bloqueos y quema de vehículos se limitó al norte de la ciudad, en el corredor de La Presita al Limón de los Ramos.
Pero mientras el gobierno quería minimizar los hechos, llamando a una falsa calma, la ciudadanía optó por resguardarse, cerraron los comercios y escuelas, y se suspendieron muchas actividades el resto de la tarde y noche.
Y ahí radica que vivimos en una ciudad donde nada es simulacro y todo es muy serio. No se trata de que este “mini Culiacanazo” sea sobredimensionado, sino de que existe materia y poder de fuego del cártel de Sinaloa para embestir a la capital como otras veces y a poner de rodillas a las autoridades, como en otras ocasiones.
