Hace más de un mes compartí en este espacio un análisis sobre la obligación tributaria que tenemos las y los mexicanos sobre el pago de impuestos, bajo el título: “Del recuento al estimulo fiscal”, donde expuse que en virtud de los acontecimientos de violencia que atraviesa el estado de Sinaloa, era necesario que hubiera alguna política o programa enfocado a la reparación de los daños económicos y patrimoniales claramente ocasionados.
En este sentido es relevante mencionar el foro ciudadano que se realizó en el Congreso del Estado de Sinaloa el pasado miércoles 23 de octubre, en el cual comerciantes, empresarios, cámaras empresariales, colegios de profesionista y organismos sociales respaldaron la campaña “Somos + Quienes Construimos Paz”, cuyo propósito es motivar a la población a sumarse al desarrollo y rescate de nuestra economía, objetivo que nos impacta positivamente a todas y todos.
En estos tiempos de incertidumbre vale subrayar la respuesta a estas sentidas demandas por parte del gobierno del estado de Sinaloa, pues autorizó la CONDONACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
Recordemos que esta contribución es un impuesto estatal, previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y están obligadas al pago de este, las personas físicas y morales que realicen una erogación por concepto de pago por un trabajo personal subordinado. Por lo que a quienes en su nómina les hayan hecho este descuento deben tener un reajuste en los próximos meses, porque el Gobierno del Estado eximió de esta obligación fiscal durante este par de meses.
Bien por esta disposición.
Sin embargo, otro daño patrimonial que ha aumentado en gran medida sobre todo en la capital sinaloense es el robo de vehículos; de acuerdo al informe de la Fiscalía General del Estado el acumulado de este delito es de 2 mil 234 unidades en lo que va del año, 811 menos que el año pasado hasta el 30 de septiembre, pero faltan los datos del mes de octubre que aún no concluye (el mes con más robo de vehículos en 2023 fue enero cuando ocurrió el “Culiacanazo 2.0”).
De acuerdo con lo previsto a partir del artículo 201 en adelante del Código Penal para el Estado de Sinaloa, el delito de robo se configura cuando el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.
Este delito es del orden común, por lo tanto le corresponde a la Fiscalía General del Estado atender todas las denuncias al respecto, así como la investigación y consignación de los presuntos culpables del mismo a un juez penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Las penas para quienes cometen este tipo de ilícitos van en función del costo del mueble del cuál se hayan apoderado y varían también conforme se hayan realizado. Por ejemplo, en el caso del robo de vehículo particular con violencia, la pena puede ir hasta los 10 años de cárcel.
¿Y la reparación del daño?
De acuerdo con el artículo 101 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, es obligación de conductor de un vehículo particular contar con una póliza de seguro vigente con cobertura de al menos daños a terceros, que garantice la responsabilidad civil en caso de un hecho de tránsito, sin embargo este tipo de servicio no cubre en caso de robo del vehículo, por lo tanto, la recomendación ante los acontecimientos en Sinaloa, es tener un seguro automovilístico con cobertura amplia (robo total), en virtud de que en caso de robo, es la única forma de resarcir el daño patrimonial en un corto plazo.
El Estado como ente garante de la seguridad y movilidad, podría generar estímulos fiscales en los derechos de libre tránsito que pagamos anualmente como la tarjeta de circulación del parque vehicular o bien lanzar un programa con las aseguradoras privadas para que mantengan precios accesibles y detengan el aumento de estos servicios con motivo de la incidencia delictiva.
Los puntos resolutivos de este análisis son:
- No solamente el Gobierno del Estado puede crear estímulos fiscales como el autorizado en el impuesto sobre nómina, falta que la Federación nos volteé a ver, ellos pueden hacer exenciones sobre IVA, ISR, entre otros…
- El Ayuntamiento de Culiacán, también le ha entrado con apoyos económicos, pero no olvidemos que ahí viene el Impuesto Predial entrando el año.
- La reparación del daño por motivo de los hechos violentos que suceden en Sinaloa, es una obligación para los entes garantes de derechos: Federación, Estado y Municipio.
