La explosión del domingo 4 de agosto pasado en la planta de gas de la empresa Gaspasa, ubicada en la colonia Juntas del Humaya de Culiacán, fue la reedición del accidente que ya había ocurrido hace 37 años en el mismo lugar. Casi cuatro décadas después sigue la indolencia de las autoridades.
Y hay que verlo en su justa dimensión, los tanques de gas que mercadean las 8 compañías que surten gas a la población en la zona centro del estado, presentan diversas fallas, la más importante, daños en la base que provocan fugas.
Bomberos Culiacán tiene una estadística que nos debería alarmar, según el comandante Efraín Araujo, el mes de julio terminó con 49 reportes, el mes con más alta incidencia de los últimos 6 años, según reveló a El Sol de Sinaloa. En lo que va del año suman más de 180 fugas de tanques en domicilios y negocios que han atendido y en lo que va de agosto, hasta dos reportes diarios.
¿Qué significa esto? Que es evidente que no se quiere ver el riesgo, la vez pasada a fines de julio, ardió en llamas un camión repleto de cilindros por La Costerita, por fortuna no hubo personas heridas, ¿pero tiene que ocurrir una tragedia para una profunda revisión? Esperemos que no sea el caso.
Adicciones, fuera de agenda gubernamental
Todos tienen vicios, algunos más dañinos que otros, pero vicios al fin. En busca de una solución a esta problemática, sobre todo aquella que va ligada a la farmacodependencia, pocos espacios cuentan con personal especializado y un diseño apegado a la norma sanitaria, pero en otros, el supuesto rescate y atención a las adicciones se hace a como se entiende, sin ninguna supervisión y ahí el problema explota.
Sin un padrón establecido, la operación de centros de rehabilitación “patito” en Sinaloa acrecenta el problema y lo vuelve imposible de resolver. ¿Por qué se ha llegado hasta ahí? Principalmente porque no es un tema que esté en la agenda inmediata de las autoridades.
Como dice el clásico, “un adicto es un paciente que se atiende a sí mismo”, o sea, lo único seguro será su fatal final. Pero organizaciones ciudadanas que apoyan en esta problemática incluso han llegado a comparar estos centros como “casas de secuestro”, por casos en los que se ha liberado a personas que son explotadas y utilizadas para trabajar en campos agrícolas, como ocurrió en el centro-norte del estado pasado.
Recientemente en Escuinapa, más de 31 migrantes extranjeros fueron liberados de una bodega, presumiblemente para trabajar en parcelas del norte de Sinaloa, pero la cerrazón de las autoridades estatales generó un cerco informativo sobre el asunto.
Solo se dijo en aquella ocasión que estaban secuestradas, y el asunto se sepultó en la burocracia del Instituto Nacional de Migración. Volviendo al tema de los centros de rehabilitación “patito”, su proliferación es una alerta para los gobiernos de todos los niveles, porque lo que no se puede regular no se puede medir si funciona, pero lo más importante en este caso son los derechos humanos de las personas adictas.
El tema es escabroso y tiende a ocultar la realidad del problema: explotación humana, tráfico de personas, incluso prostitución. Ya hasta la delincuencia organizada está metida en el asunto, que de seguro penetró instituciones que le garantizan impunidad para operar.
Así la situación se camufla en un entramado de corrupción que se alimenta cada vez más de la falta de empatía de todos.
