No está muy lejos de la realidad el diputado local priista Bernardino Antelo Esper cuando inculpa a su compañera panista Roxana Rubio de venderse con Morena para ser comparsa de lo que se propone y se decide en la Cámara, más la obsesión lo mata desde el momento en que su coraje surge porque ella se niega a apoyar a la senadora Paloma Sánchez, para llevarla juntos a la pugna por la gubernatura.

El comportamiento de la legisladora y lideresa aún del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, salió de la sombra de la sospecha desde hace mucho. La militancia y los ciudadanos, que observan cuidadosamente el acontecer político y social del estado, la ubican con una inclinación sin pena, hacia los responsables del poder dominante. Y en el Congreso del Estado, ni para qué darle vueltas al asunto.

Como dirigente del albiazul, sus correligionarios sostuvieron siempre como “secreto a voces”, la complacencia con la que se manejó, gracias a sus vínculos con diversos funcionarios estatales y de ayuntamientos, con los que se dedicó a hacer negocios durante años.

El cargo partidista, le sirvió como herramienta para saltar a los escaparates donde se repartieron apoyos para empresas. Trascendió que en el área de ejecución de la obra pública le fue y le va muy bien.

A cambio, ofreció y así lo cumplió, no criticar a las autoridades estatales y a algunas municipales, o en su caso, pronunciarse a favor de planteamientos que surgieran de los ejercicios de gobierno, cuando integrantes de algunos sectores sociales o políticos estuvieran en desacuerdo.

Hay que recordar que no acudió a hacer cuestionamientos duros en los tiempos en que el panismo la convocó para defender los intereses de la sociedad o de la militancia.

Con su arribo al Poder Legislativo, la tribuna más alta de la entidad en la que se modelan la creación, reforma, cambios, modificaciones y derogaciones de leyes, tampoco se asumió diferente.

La mueven más sus intereses personales y para muestra un botón al registrarse como abanderada plurinominal en las elecciones de junio pasado, con lo que aplastó los derechos y el trabajo de decenas de hombres y mujeres que pertenecen al PAN y que gozan de una amplia trayectoria.

Aun así, el tono de los señalamientos de Bernardino Antelo Esper, exhiben síntomas de ardor y de una fiebre que se le adelantó por pretender imponer a una dama que se burló de la gente por llegar a la diputación federal por el principio de Representación Proporcional para que sea la sucesora de Rubén Rocha Moya, sin admitir que solo cacha los puestos que portan empaque de regalo.

Debe de pensar el mochiteco con seriedad al instante en que alude a quien o quienes se licitan al mejor postor.

¿A casos los del PRI, no se cotizaron por dinero con Movimiento de Regeneración Nacional en la legislatura anterior?

Le urge revisar a fondo la lista de los que aparentaron renunciar al tricolor en una falsa molestia porque los directivos no actuaban con valores y principios.

¿Cuáles, dijera el extinto cenopista Julián Zavala?

Para refrescar su memoria, hay que mencionar a algunos cuantos: Himelda Félix, Ricardo Madrid, Concepción Zazueta, Mario Sergio Arredondo y Cinthya Valenzuela, entre otros.

En unos días, probablemente, el Revolucionario Institucional se quedará sin bancada en el Congreso del Estado, porque suena mucho que se repetirá la historia.

Es rarísimo que a alguien le guste estar del lado de los perdedores.

La Revocación de Mandato, una jugada sin futuro inmediato.

La demanda de aplicar la Revocación de Mandato para mover o derrocar al gobernador Rubén Rocha Moya, era obvio que no procedería por una falla de origen, aunque todos siguieron lo que se constituyó como un juego político y de falta de respeto a la sociedad.

Y si el Ejecutivo del Estado lo pide por escrito al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, tampoco derivará para que se lleve a cabo.

Sería una trasgresión a la legislación correspondiente de parte de los consejeros del IEES que desde que recibieron el documento, estaban conscientes de que darían un rotundo no a lo que se planteaba.

Si su aprobación se dio en junio del 2022, es prácticamente imposible ejercer el ordenamiento para un mandato que inició el 2021.

El principio de retroactividad de la ley, no está a discusión, está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El plan es una burda jugada que todos le dieron seguimiento.