Y otra vez en jueves, pero con el alerta colectivo que se agregó ante el peligro de que estallara una confrontación por el secuestro que llevó a la cárcel estadounidense a Ismael Zambada García, el miedo paralizó las actividades laborales y escolares en Culiacán, tras el ataque armado que se desató ayer entre grupos de la delincuencia organizada y elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones del poblado de Jesús María, donde el cinco de enero del 2023, fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López.
A las gráficas y videos de bloqueos, así como de quema de vehículos motrices en la carretera Internacional que circularon como reguero de pólvora por las redes sociales y en los noticieros tradicionales, corrió también la versión de la probable captura de Archivaldo Guzmán Salazar.
Los comercios bajaron sus cortinas y en las calles estudiantes, trabajadores y amas de casa se acumularon en las banquetas en busca de camiones urbanos que desaparecieron como por arte de magia y no pudieron regresar a sus destinos. Era la repetición del clima de violencia e inseguridad que ocasionó que la sociedad actuara con pánico y con justas razones.
“La burra no era arisca”, más el Culiacanazo del 2019 y el del 2023, predispuso a la gente a replegarse por las dimensiones con las que se dieron los hechos violentos que superaron los escenarios de guerra en países donde hay conflictos bélicos.
¿Realmente se presentó el riesgo de otro Jueves Negro?
¿O en verdad se detuvo a uno de los capos más buscados?
La posibilidad de que se diera lo primero, siempre existió y existirá mientras los segmentos que los llevan a la práctica estén vigentes.
Probablemente los datos del estado de fuerza de la Secretaría de la Defensa Nacional que actualizó en el territorio estatal, cuyos integrantes entre los que destacan personal de Fuerzas Especiales que arribaron a Sinaloa tras el fatídico suceso del 25 de julio pasado, influyeron para que no se desbordara un conflicto de la envergadura de los dos anteriores. Se contabilizan el miles que en los cuarteles y entre los que patrullan las principales vías de la ciudad y de las poblaciones rurales.
Las informaciones de que militares cerraron todos los accesos y salidas a la capital de la entidad, a la mejor inhibieron que explotará un enfrentamiento entre el Gobierno y la delincuencia como los que antes, se protagonizaron y de los que ya no se desea.
¿O capturaron a uno de los jefes y por eso las cosas no fueron más allá?
Esta fue una especie que se manejó en algunos medios de comunicación, que cuentan con informantes en la Sedena, en la Fiscalía General de la República y en otras instituciones que son parte del gabinete de seguridad federal.
¿O se apresuraron irresponsablemente a anticipar lo que no fue en aras de ganar la primicia?
Las autoridades, especialmente las de la Federación, tienen la obligación de explicar qué pasó.
Si es que se trató de un encuentro incidental entre soldados y maleantes, o si realizaron un operativo sobre un objetivó cierto.
No debe olvidar que la desinformación se resuelve con información realista y objetiva.
Como la que maneja la Secretaría de Seguridad Pública sinaloense que preside Gerardo Mérida Sánchez. En la que no saben nada ni acontece nada.
Lo que no se puede negar es que el pueblo estuvo en vilo.
