Simuladamente, el morenista Feliciano Castro Meléndrez dobló las manos a fuerzas como titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso al retirar la impugnación de un amparo que un juez federal le concedió a la Universidad Autónoma de Sinaloa por considerar inconstitucional, en ciertos puntos, la aplicación de la Ley Superior de Educación que los llevaría a la reforma posterior de la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios sinaloense. Ello da paso a la sospecha.
Lo que está en duda, es que si después de anunciar que como Poder legislativo desistieron de continuar con sus pretensiones porque son partidarios del diálogo, lo creerán la nueva promesa las autoridades universitarias.
Es probable que existan indicativos de ingenuidad política.
Los operadores de la institución de enseñanza superior desde que inició la intención reformadora que asumieron los diputados locales, la rechazaron y apelaron a la conversación, que por sistema le negaron.
Es evidente que la figura cameral más sobresaliente, se negó a reconocer que la mayoría de los asuntos que se debatieron en los tribunales judiciales, los perdió por inconsistencias o simplemente porque no expusieron razones para imponerse como lo planeó.
Y es de extrañarse que sufrieran una derrota tras otra cuando son los responsables de crear, modificar, cambiar, reformar y en su caso derogar las leyes y cuanta con especialistas en la materia.
Aunque no es la misma modelar el procesamiento de legislaciones que entrar al campo del litigio que requiere de aportación de pruebas y de evidenciar por qué se debe cambiar un estado de cosas o dejarse como está, se fueron hasta donde pudieron toparse.
Es posible que las causales se sustentaran más en cuestiones políticas que jurídicas y por ello no le salieron los planes como creyó.
El desistimiento es claro que se registró en un marco en el que se dio cuenta el legislador, que no ganaría una más y en tal entorno, se asomó para convocar a las pláticas con el encargado de rectoría de la dependencia educativa, Robespierre Lizárraga y con todos los que intervienen en este conflicto.
Lo que está por verse, es que si al instalarse una mesa de negociación las partes cederán espacios para lograr acuerdos.
Desde los ángulos en que se mueven los universitarios, hay interés por avanzar, pero igualmente recelos fuertes de que no se cumpla lo que se proponga.
La desconfianza es la sustancia que embriaga las relaciones que por más de un año se rompieron entre universidad y Congreso, y estará a prueba en lo sucesivo reafirmar que se quiere llegar a un pacto que solucione la problemática o descubrir que se trata de un engaño más entre las partes.
¿Y los ladrones de la Unión Ganadera de Sinaloa?
Régulo Terrazas y Noel Camacho, ex directivos que llegaron a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa con los gobiernos morenistas, fallaron como muchos y endeudaron a la misma con 27 millones de pesos.
A leguas los socios de la agrupación, concluyen que ambos incurrieron en actos graves de corrupción.
¿Y qué hicieron o en dónde quedaron además de los recursos financieros propios por cuotas y apoyos gubernamentales, las ganancias de las exposiciones ganaderas?
Ello amerita una investigación de carácter penal, que primero el nuevo presidente del organismo, Faustino Hernández Álvarez deberá valorar.
Ya dijo que no es Ministerio Público y por esto no se quiso adentrar mucho en el tema cuando lo cuestionaron los representantes de los medios de comunicación. No busca perderse en persecuciones porque lo que necesita la organización es levantarse de la crisis que le ocasionaron las malas administraciones y desplegar una lucha seria, por recuperar el estatus fitosanitario con Estados Unidos.
Lo cierto, es que quienes sí pueden sentar en el banquillo de los acusados para que regrese lo robado los probables responsables –si es que asi sucedió con los ex dirigentes- son los ganaderos en activo, en base a lo que decida una asamblea general.
Dejar las cosas como están, sería asumirse como cómplices de tipos “transas” que solo se sirvieron de las finanzas de una colectividad que pretende superarse y no puede, a causa de ladrones que arriban a la dirigencia.
Las deudas son el Sistema de Administración Tributaria y el pago de diversos impuestos, asi como el predial con el Ayuntamiento de Culiacán, pudieron abonarse o subsanarse en parte con las utilidades de las ferias, pero las talegas de billetes están en otros lados. Visiblemente en las manos de quienes se fueron por la puerta falsa.
Que no quede impune el acoso laboral en el PRI.
No es novedoso que al interior del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, el acoso laboral se practique como forma de abuso de poder de funcionarios en perjuicio de subordinados. La acusación que una trabajadora formalizó ante el ministerio público del fuero común contra el Jefe de Servicios Generales, Sergio Guadalupe Sandoval Rodríguez, es solamente la punta del iceberg.
Historias de como empleados tuvieron propuestas indecorosas al acudir con sus superiores a solicitar aumentos de sueldo, vacaciones o prestaciones previstas dentro de las leyes en la materia, se contaron por montones.
Y candidaturas a cargos de elección popular, ni se diga, especialmente cuando las aspirantes eran mujeres. Personajes investidos de presidentes del CDE y también como secretarios, pidieron favores indignos a cambio, sin pudor alguno.
Se aprovecharon de su puesto y los afectados no concurrieron ante la autoridad por vergüenza.
¿Qué es lo más condenable?
Que en el caso que nos ocupa, en su calidad de dama y lideresa del PRI –Paola Gárate-, pidiera silencio a la víctima. En vez de apoyarla, se dedicó a proteger al victimario, que quien sabe cuántas agresiones, contará en su haber.
Es urgente que al agresor como a la presidenta, los llamen a rendir cuentas en la Fiscalía, de proceder el recurso que la integrante del personal del Revolucionario Institucional, interpuso en su momento.
