/ miércoles 20 de noviembre de 2024

Deportar de EU a un millón de personas cada año costaría 88 mil mdd, estima ONG

Una deportación masiva podría afectar a unos 20 millones de familias

Deportar a un millón de personas cada año implicaría un costo anual de 88 mil millones de dólares, según una estimación del American Inmigration Council, una ONG defensora de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Por tanto, las propuestas del presidente electo Donald Trump, en materia migratoria como la deportación masiva no son viables en el corto y mediano plazo por factores legales, presupuestales y económicos.

Así lo analiza el doctor José María Ramos, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF), quien precisa que también, el republicano se propone terminar con los programas de DACA y Parole, así como cerrar la frontera sur con México.

Recordó que alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan de manera irregular en Estados Unidos. Una deportación masiva podría afectar a unos 20 millones de familias.

Resaltó que el presidente electo Trump, declaró que utilizará la Ley de Enemigos Extranjeros, que solo ha sido invocada tres veces: la Guerra de 1812 y la Primera y Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de México tiene la alternativa de plantear una estrategia de negociación ante la política restrictiva del nuevo gobierno republicano y en función de los logros de la política Frontera del Siglo XXI desde el año 2010.

Además, se debe considerar que los republicanos suelen ser muy pragmáticos y a favor de la competitividad, inversiones y productividad, refirió.

El especialista en la relación bilateral México-Estados Unidos, recordó que los principales acuerdos bilaterales el IRCA (Ley de Reforma y Control de Inmigración) por sus siglas en inglés; el TLCAN y T-MEC, en materia migratoria y comercial, respectivamente se suscribieron con gobiernos republicanos.

Subrayó que la relación fronteriza entre Estados Unidos y México ha sido un tema crucial en la agenda bilateral en los 102 años de relaciones diplomáticas.

Destacó que uno de los enfoques más innovadores para fortalecer esta relación es la Iniciativa Frontera del Siglo XXI, propuesta en 2010, que buscó transformar la frontera compartida en un espacio más seguro, eficiente y dinámico.

Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017 y de nuevo a partir del 20 de enero de 2025, plantea iniciativas de control fronterizo.

Frontera segura sin interrumpir el comercio

Frente a esta nueva realidad, considera el académico Ramos García, es esencial revisar cómo los logros de la Iniciativa Frontera del Siglo XXI pueden servir como base para negociar una frontera segura bajo una nueva administración del presidente electo Trump.

Recordó que entre los logros fue el fortalecer la seguridad, facilitar el comercio y mejorar la movilidad humana.

Así, se modernizaron los cruces fronterizos al eficientar los puertos de entrada y reducir los tiempos de espera; con el uso de tecnología avanzada, sistemas de vigilancia, sensores y drones para mejorar la seguridad sin interrumpir el comercio.

También se logró cooperación en inteligencia y seguridad con el intercambio de información entre agencias de ambos países para combatir el tráfico de drogas, armas y personas.

Se dieron facilidades al comercio con la creación de programas como el Trusted Traveler que agilizaron el cruce de personas y mercancías de bajo riesgo.

“Estos avances demostraron que es posible equilibrar la seguridad fronteriza con el fomento del comercio y la cooperación transfronteriza”, precisó el analista.

Y acerca de las estrategias de negociación, destacó el doctor Ramos García que se debe enfatizar la interdependencia económica y el hecho de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos con un intercambio que supera los 600 mil millones de dólares anuales.

Este argumento es clave para mostrar que una frontera segura y eficiente beneficia a las dos economías.

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Para el presidente electo Trump, cuya prioridad es el crecimiento económico de los Estados Unidos, mantener un flujo comercial sin interrupciones puede ser un incentivo para flexibilizar algunas políticas restrictivas, concluyó.

Deportar a un millón de personas cada año implicaría un costo anual de 88 mil millones de dólares, según una estimación del American Inmigration Council, una ONG defensora de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Por tanto, las propuestas del presidente electo Donald Trump, en materia migratoria como la deportación masiva no son viables en el corto y mediano plazo por factores legales, presupuestales y económicos.

Así lo analiza el doctor José María Ramos, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF), quien precisa que también, el republicano se propone terminar con los programas de DACA y Parole, así como cerrar la frontera sur con México.

Recordó que alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan de manera irregular en Estados Unidos. Una deportación masiva podría afectar a unos 20 millones de familias.

Resaltó que el presidente electo Trump, declaró que utilizará la Ley de Enemigos Extranjeros, que solo ha sido invocada tres veces: la Guerra de 1812 y la Primera y Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de México tiene la alternativa de plantear una estrategia de negociación ante la política restrictiva del nuevo gobierno republicano y en función de los logros de la política Frontera del Siglo XXI desde el año 2010.

Además, se debe considerar que los republicanos suelen ser muy pragmáticos y a favor de la competitividad, inversiones y productividad, refirió.

El especialista en la relación bilateral México-Estados Unidos, recordó que los principales acuerdos bilaterales el IRCA (Ley de Reforma y Control de Inmigración) por sus siglas en inglés; el TLCAN y T-MEC, en materia migratoria y comercial, respectivamente se suscribieron con gobiernos republicanos.

Subrayó que la relación fronteriza entre Estados Unidos y México ha sido un tema crucial en la agenda bilateral en los 102 años de relaciones diplomáticas.

Destacó que uno de los enfoques más innovadores para fortalecer esta relación es la Iniciativa Frontera del Siglo XXI, propuesta en 2010, que buscó transformar la frontera compartida en un espacio más seguro, eficiente y dinámico.

Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017 y de nuevo a partir del 20 de enero de 2025, plantea iniciativas de control fronterizo.

Frontera segura sin interrumpir el comercio

Frente a esta nueva realidad, considera el académico Ramos García, es esencial revisar cómo los logros de la Iniciativa Frontera del Siglo XXI pueden servir como base para negociar una frontera segura bajo una nueva administración del presidente electo Trump.

Recordó que entre los logros fue el fortalecer la seguridad, facilitar el comercio y mejorar la movilidad humana.

Así, se modernizaron los cruces fronterizos al eficientar los puertos de entrada y reducir los tiempos de espera; con el uso de tecnología avanzada, sistemas de vigilancia, sensores y drones para mejorar la seguridad sin interrumpir el comercio.

También se logró cooperación en inteligencia y seguridad con el intercambio de información entre agencias de ambos países para combatir el tráfico de drogas, armas y personas.

Se dieron facilidades al comercio con la creación de programas como el Trusted Traveler que agilizaron el cruce de personas y mercancías de bajo riesgo.

“Estos avances demostraron que es posible equilibrar la seguridad fronteriza con el fomento del comercio y la cooperación transfronteriza”, precisó el analista.

Y acerca de las estrategias de negociación, destacó el doctor Ramos García que se debe enfatizar la interdependencia económica y el hecho de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos con un intercambio que supera los 600 mil millones de dólares anuales.

Este argumento es clave para mostrar que una frontera segura y eficiente beneficia a las dos economías.

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Para el presidente electo Trump, cuya prioridad es el crecimiento económico de los Estados Unidos, mantener un flujo comercial sin interrupciones puede ser un incentivo para flexibilizar algunas políticas restrictivas, concluyó.

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