Culiacán, Sin.- A dos años del Jueves Negro, en ni un ápice ha retrocedido el increíble poder el Cártel de Sinaloa, sino por el contrario, ahora sus ejércitos de sicarios combaten en guerras fuera de casa, como Baja California, Sonora, Zacatecas y Jalisco.
En Culiacán, la facción de los hijos de El Chapo logró afianzar su control en todas las esferas, en las últimas semanas la ciudad ha sido testigo de operativos coordinados para derribar a balazos el sistema de vigilancia policial, sin que las autoridades capturen o responsabilice a nadie.
Por parte de la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas, dirigida por Óscar Fidel González Mendívil, hubo apenas un breve comunicado donde puntualiza las acciones y apoyos que concluyó la institución.
En total, informó la CEAIV, se derogaron 531 mil 374.98 pesos para las víctimas, repartidos entre gastos médicos, sicológicos y funerarios, así como reparación de daño. En esto último se gastaron 344 mil pesos para los deudos de las cuatro víctimas mortales.
La Comisión admitió que este evento violento “fue un hecho disruptivo. El nivel de violencia que sufrió la ciudad, quebró la tranquilidad de sus habitantes. Todos nos convertimos en víctimas”.
Desde el gobierno federal, en agosto pasado, se usó este episodio criminal que alcanzó ecos internacionales, para apuntalar la demanda histórica del Estado mexicano en contra de los fabricantes de armas de Estados Unidos.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México presentó su caso judicial en la Corte de Distrito de Massachusetts bajo el expediente 1:22-cv-11269-FDS, para intentar sanciones contra esta industria.
El punto 222 establece: “Varias armas de los acusados (fabricantes de armas) fueron utilizadas por sicarios del Cártel de Sinaloa en un tiroteo con la Guardia Nacional mexicana, el Ejército mexicano y policías durante un operativo en Culiacán, para arrestar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán”.
En el 223 se dice que los sicarios lograron la superioridad de fuego usando las armas que estas empresas comercian en territorio estadounidense con pocos controles para evitar que lleguen al mercado negro.
Sin embargo, especialistas adelantaron que será difícil demostrar que existe una conspiración de estas empresas de armas para dotar a los grupos criminales mexicanos de sus arsenales. Por lo pronto, el caso está en análisis.
¿QUÉ DICE EL EXPEDIENTE?
Que los fabricantes de armas de EU son corresponsables del número de víctimas en México, puesto que no tienen controles que impidan el tráfico hacia este lado de la frontera.
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