Culiacán, Sin.- Los abogados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) han señalado que el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum ha demostrado su parcialidad durante la audiencia inicial por presunto desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido de la función pública en contra del rector, Jesús Madueña Molina, el exrrector Juan Eulogia Guerra Liera y los integrantes del Comité de Adquisiciones.
Asimismo señalaron que el juez de control ha cedido ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para asignar una audiencia especial para discutir el presunto conflicto de interés, ya que la Fiscalía busca un asesor jurídico a modo que no represente los intereses de la Máxima Casa de Estudios, acusaron los abogados de la UAS.
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El pasado 21 de julio, el mismo juez asumió el cargo de asesor legal de la UAS para el licenciado José Ramón Bonilla Rojas. En ese momento, se acordó que se debatiría este asunto en una audiencia posterior. Sin embargo, el juez modificó su posición y se inclinó hacia los intereses de la fiscalía, lo que, según los abogados de la UAS, supone una violación de la autonomía universitaria al no respetar la decisión del Consejo Universitario.
"La Fiscalía argumenta que existe un conflicto de intereses debido a nuestra afiliación universitaria. Sin embargo, les hemos informado que nuestra designación como asesores legales de la UAS se debe al Consejo Universitario, la máxima autoridad de la UAS. A pesar de presentar argumentos sólidos, el juez no los aceptó. Esto deja en evidencia que la Fiscalía está buscando un asesor legal a su medida y está desconociendo el nombramiento otorgado por el propio Consejo Universitario", señaló Bonilla Rojas.
Durante la audiencia, Robespierre Lizárraga Otero y José Ramón Bonilla Rojas intentaron utilizar el recurso de revocación para revertir la decisión tomada por el Juez y prestar juramento en sus cargos.
Lizárraga Otero puntualizó que esta decisión constituye una violación de los derechos humanos de toda la comunidad universitaria, ya que se ven obligados a participar en una audiencia sin la debida asesoría legal, aún con todo esto aseguraron que recurrirán a todos los medios legales disponibles de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.
"Lo que presenciamos en esta audiencia no se limita a la parcialidad, sino que constituye una flagrante violación de los derechos humanos. No estamos hablando únicamente de una persona individual, sino de la entidad moral oficial que representa a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tanto el Juez como la Fiscalía están actuando de manera parcial, abusiva y potencialmente perjudicial para el Estado de Derecho en Sinaloa", dijo Lizárraga Otero.
Cabe destacar que la FGE designó el próximo viernes para que los acusados acudan por las carpetas de investigación que no se les hizo entrega, al igual que las copias faltantes que complementan las carpetas que ya fueron recogidas, posponiendo la audiencia para el próximo 11 de octubre.
