Culiacán, Sin.- Urge una reforma para que el nombramiento del fiscal general de Sinaloa no sea elegido por quien ocupe el cargo de gobernador, consideraron un grupo de abogados ante el proceso de selección iniciado después de la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada como titular de la Fiscalía General del Estado.

El vicepresidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Julio Alvarado, junto con otros litigantes creen que se debe de eliminar la facultad del Poder Ejecutivo en el proceso de selección del Fiscal General.

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Cabe recordar que es quien gobierne el estado la persona que seleccionara de la terna de aspirantes hecha por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Según Alvarado, esto compromete el principio democrático y ha llevado a la designación de perfiles cuestionables, como ocurrió en el proceso de 2021.

En dicho año, 10 días desde que Rubén Rocha Moya tomo el cargo de gobernador, se incluyo a Quiñónez Estrada en la terna y finalmente el 11 de noviembre.

“La facultad al Ejecutivo de seleccionar la tercia para enviarla al Poder Legislativo para su votación irrumpe, el pretendido valor democrático de las actuaciones ante el CESP conformado por ciudadanos diversos en representación y a nombre de la sociedad sinaloense”, declaró Alvarado.

El abogado subrayó que la falta de candados en la ley permite que figuras que anteriormente ocuparon el cargo, y que podrían haber fallado en su gestión, puedan participar nuevamente en el proceso de 2024.

Entre las cuatro primeras personas que se anotaron para ser valorados está Dámaso Castro Saavedra, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quienes también fueron nominados por Rocha Moya en la terna donde se incluyó a Sara Bruna.

Otros abogados que apoyaron esta postura y promovieron una modificación para efecto de desvincular al Poder Ejecutivo con el proceso son: Elizabeth Ávila y Alma Luz Bernal.