Culiacán, Sin.- "Básicamente, fueron obligados", refirió el diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, José Manuel Luque Rojas, retomando el tema de las protestas en las que participaron personal y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Cabe recordar que ayer se llevó a cabo esta movilización después de que Jesús Madueña Molina fuera separado de su cargo como rector de la institución por orden del juez.
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Asimismo, los miembros del Comité de Adquisición también fueron destituidos de sus cargos ante la posibilidad de que los funcionarios pudieran obstaculizar la investigación de la Fiscalía General del Estado en relación con la compra presuntamente irregular de tortillas en la que la institución gastó 45 millones de pesos en tres años.
Con estos antecedentes, el diputado declaró que los alumnos de bachillerato y nivel superior fueron chantajeados para que apoyaran a los imputados acusados de desempeño irregular de la función pública.
"Es parte de conducir una institución de manera autoritaria. No tenemos estudiantes que puedan acudir de motu proprio convencidos de que existe un atentado contra la institución, porque no lo hay", dijo.
El diputado resaltó a los estudiantes que no asistieron a la marcha y señaló que algunas de las condiciones impuestas para que asistieran fueron el retiro de becas, la no asignación de horas extras y la obstaculización de la vida académica.
El delito
Por otro lado, abordando los asuntos penales contra los funcionarios universitarios, el diputado expuso que no está al tanto de las penas de los delitos que se les imputan.
No obstante, dijo que estas faltas no ameritan privación de la libertad, pero sí la reparación del daño y la incapacidad para ocupar puestos públicos en caso de que sean declarados culpables.
"Lo que se trata es de eliminar las trabas que enfrentan las universidades, en particular la UAS, para continuar desempeñando sus funciones esenciales, que consisten en formar a los estudiantes", indicó.
Cabe recordar que hasta el momento hay cuatro causas penales en las que se acusa a los funcionarios.
