Culiacán, Sin.- La falta de claridad sobre cuál ente o quién será el responsable de obligar a las dependencias a hacer cumplir la ley y sus atribuciones, en materia de acceso a la información, amenaza el derecho de acceso de las y los ciudadanos sinaloenses.
Así lo consideraron, Rosy Jacobo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, así como la presidenta de la Comisión Estatal de Acceso de la Información Pública de Sinaloa, Liliana Margarita Campuzano Vega, respecto a la propuesta de eliminación de organismos autónomos del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
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Aunque la propuesta de reforma constitucional aún se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que ya no existan siete organismo autónomos, ha abierto el debate y la discusión sobre los riesgos que esto implica.
Los organismos a eliminarse a nivel federal son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Si la propuesta tuviera objetivos de reducción presupuestal, la conservación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para el estado de Sinaloa, implica un presupuesto no mayor a los 45 millones de pesos anuales, lo que representa menos del 1 por ciento del presupuesto general de Sinaloa.
Sin embargo, las especialistas en el tema, consideran que pudiera tratarse de un objetivo más político, pues hasta el momento, ni el ejecutivo federal, ni las autoridades locales han abierto el diálogo sobre la polémica.
No hay claridad
Rosy Jacobo, presidente del CPC en Sinaloa, aseveró que, el hecho de que las atribuciones de los organismos autónomos sean trasladadas al Poder Ejecutivo, deja mucho que desear respecto a la claridad de la propuesta de reforma.
Dijo que, el diálogo ha sido inexistente durante este proceso de cambio y aún cuando ha sido el actual gobierno, el que ha implementado consultas públicas y foros sobre otros temas de gran impacto para la ciudadanía.
"¿Qué va a pasar ahora? Nuevamente va hacer el gobierno y si el gobierno no pone toda la estructura y todo el cambio que va venir, si va haber un comité, un procedimiento jurídico... es lo que no sabemos y nos no han dicho… yo creo que falta ese llamado al análisis, a la consulta y que se conozca todo el proyecto que ellos están proponiendo antes de que se elimine", expresó Rosy Jacobo.
Por su parte, la comisionada estatal de Acceso a la información Pública, Liliana Margarita Campuzano Vega, resaltó que el órgano garante de Sinaloa (CEAIP), tiene diferentes atribuciones a las del INAI, por lo que su desaparición tanto a nivel local como federal, tendría implicaciones que significan el retroceso de la garantía de los derecho a la protección de datos y acceso a la información.
A su vez, resaltó que la reforma planteada por el presidente López Obrador va en contra de la soberanía de los Estados.
"Las reformas deben ser para mejorar las instituciones y no nos oponemos a eso, tenemos detectados cómo pueden ser los aspectos de mejora... esa reforma va en contra de la soberanía estatal, la oportunidad está en establecer un diálogo, realizar foros y en esta ocasión no se hicieron, no se nos escuchó", expresó.
El presidente López Obrador ha asegurado que con la eliminación de los órganos autónomos mencionados, se ahorrarían 100 mil millones del erario y aseguró, como en el caso del Poder Judicial, no afectaría a los trabajadores.