Culiacán, Sin.- Los asesores jurídicos y el representante legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron separados de sus funciones en un juicio contra funcionarios universitarios por el juez de Control Adam Alberto Salazar Gastelum.
La decisión del juzgador tiene efecto en dos causas penales, la 918/2023 y 1117/2023, en donde los imputados son Jesús Madueña Molina, el ex rector Juan Eulogio Guerra Loera y los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS.
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Estos procesos son por presuntas compras irregulares de tortillas por el monto de 45 millones de pesos y 67 millones de pesos destinados a la adquisición de cárnicos.
Fueron los representantes de la Fiscalía General del Estado quienes solicitaron separar al director de Asuntos Jurídicos de la universidad, Yamir de Jesús Valdéz Álvarez, y los asesores víctimas Rogelio Aurelio Morones, José Ramón Bonilla Rojas, Jesús Moroni Arellano y Sanjay Molina Arellano.
Los representantes del Ministerio Público refirieron que la audiencia inicial, la defensa de la Universidad Autónoma de Sinaloa se postuló en contra de la separación del cargo de Jesús Madueño Molina, escudándose en que solo el Consejo Universitario es quien puede tomar dicha decisión, afirmando que consideran la separación seria una violación a la autonomía universitaria.
Además, expusieron que Yamir de Jesús participa en programas de radio pertenecientes a la UAS denostando el trabajo de la FGE.
Abogados trabajan en la UAS
Dentro de los argumentos vertidos por el MP, se dijo que varios de los abogados son trabajadores de la propia universidad y por último comentaron que el representante legal de la Casa Rosalina no ha querido entregar la información solicitada.
En su defensa, los licenciados abogaron por su permanencia en los juicios resaltando que son trabajadores de la UAS, no de los imputados. Sobre la presunta reserva de datos al organismo de investigación, indicaron que la información no entregada es porque no está dentro de la competencia judicial de la FGE.
Como respuesta a los señalamientos de obstaculizar la separación del cargo de Madueña, sostuvieron que solo hacían lo mandatado por el Consejo Universitario, órgano máximo de la UAS que es quien elige al rector.
Siguiendo con la argumentación, dijeron que la comunidad universitaria repudia el actuar de la FGE contra el rector de la universidad y el resto de funcionarios indicados por desempeño irregular de la función pública.
La resolución final de Salazar Gastelum fue conceder la separación del representante legal y asesores jurídicos de la UAS, al considerar la existencia de un conflicto de interés.
Esta decisión fue sustentada por el juez al argumentar que el hecho de negarse a la separación del cargo de Madueña, los abogados fueron en contra de los principios del sistema penal.
El juez valoró con este calificativo los recursos legales promovidos por los abogados para que Madueña regrese a la rectoría. Por último, señaló que una asesora legal de la UAS fue defensora de tres de los imputados en algún momento del proceso. Sostuvo que estos actos son clara muestra de un conflicto de interés.
Tras la resolución, el juzgador indicó que se pactará una nueva audiencia para nombrar a los asesores víctimas y quién representará legalmente a la institución educativa.
