Culiacán, Sin.- Una mujer de origen indígena y de ocupación jornalera fue violentada en sus derechos humanos por parte del Ministerio Público ya que se negó a iniciar e integrar una carpeta de investigación luego de que denunciara que le quitaran a su hijo mediante amenazas y con el uso de la fuerza.
Por este caso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emitió la recomendación 1/2021 a la Fiscalía General del Estado una vez que se acreditaron las acciones u omisiones del agente del ministerio público que transgredieron los derechos de la víctima.
De acuerdo con la queja inicial, cuando la mujer indígena se disponía a retornar con su hijo a su comunidad de origen en el estado de Guerrero, personas se lo quitaron bajo intimidación y el uso de la fuerza. Incluso la amenazaron para que no pidiera ayuda y “que mejor se regresar a su pueblo”.
Al acudir al ministerio público el 17 de enero de 2019, el agente inició la carpetahasya el 1 de abril del mismo año. La CEDH indicó que se detectaron varios periodos de inactividad y hasta la fecha de respuesta del último informe, la investigación no había sido resuelta.
En un comumicado, el organismo autónomo señaló que la quejosa acudió a la Defensoría Pública, donde le brindaron asesoría y representación legal en materia familiar y presentó escrito de queja ante esta Comisión Estatal por violaciones a derechos humanos en su perjuicio, mismas que atribuyeron a personal adscrito a la Fiscalía General del Estado, por lo que se inició la investigación.
Puedes leer: Impunidad en el sistema de justicia de Sinaloa
Así, la CEDH confirmó que el MP violentó la dignidad humana de la víctima, se le formuló al fiscal Juan José Ríos Estavillo, en su calidad de titular de la Fiscalía,como autoridad responsable.
Dentro de la recomendación se exige a la Fiscalía brinde asesor jurídico a la víctima y que cumpla con susfunciones, que el agente siga todo el trámite y resuelva a la brevedad la carpeta. Que además se siga un procedimiento administrativo por la dilación contra el personal a cargo y que se impongan sanciones.
Una vez cumplidas las recomendaciones, se le pidió a la Fiscalía informe de todo el procedimiento que se realizó para cumplir con el marco legal establecido.
Lee más aquí: