Culiacán, Sin.- El Juez Segundo de Distrito de Culiacán instruyó a la Fiscalía General del Estado para que aporte una videograbación que la defensa del exalcalde de la capital, Jesús Estrada Ferreiro, presentó como prueba de descargo en la que se confirma que durante una manifestación, el exfuncionario no incurrió en abuso de autoridad ni discriminación en contra de las viudas de policías.
De acuerdo con el juicio de amparo 318/2023, el Juez señaló que, “de las constancias remitidas en el mencionado informe se advierte la presencia de una memoria USB con videograbación, la cual fue incorporada a la carpeta de investigación CLN/UETC/3935/2022/C.I, así como las constancias relativas a la audiencia de sobreseimiento de la acción penal del 11 de enero del año en curso; por lo que se requiere a la autoridad mencionada (Fiscalía) las constancias antes mencionadas, necesarias para resolver el juicio de amparo”.
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En dicha USB se encuentra el video aportado por la defensa a inicios de enero, dentro del proceso penal iniciado por los delitos de abuso de autoridad y discriminación, promovido por un grupo de 45 viudas que se dijeron afectadas por palabras altisonantes de parte de quien en septiembre de 2021, todavía era alcalde de Culiacán.
En los alegatos del proceso, Estrada Ferreiro ha argumentado que el día que las afectadas presumen que se incurrió en esos presuntos delitos, él sí asistió al patio del Ayuntamiento, pero nunca emitió insultos en su contra, que hubieran derivado en la comisión de un delito, por lo que ha acusado que todo se trata de un invento de las autoridades para destituirlo.
De acuerdo con el juicio de amparo, en caso de que el Ministerio Público no aporte de manera oficial este USB con la videograbación, se aplicará una multa.
“Se apercibe que de no hacerlo se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización”, refiere el oficio enviado al área de tramitación de la Fiscalía.
Dos procesos
Hasta el momento, Estrada Ferreiro ha obtenido dos amparos, uno en contra del auto de vinculación de proceso por la denuncia de la renta de 40 camiones en un contrato de 117 millones de pesos, y el segundo en contra del juicio político 04/2022, por las cuotas del agua de la Japac.
Sin embargo, todavía se encuentran pendientes dos amparos por resolver, el del juicio político 02/2022, promovido por las viudas de policías ante el Congreso del Estado y el proceso penal por discriminación y abuso de autoridad.
Este último es el que la defensa solicitó el sobreseimiento al juez de control en enero, luego de presentar el video como evidencia. Dicho video fue grabado por personal de comunicación social del Ayuntamiento que trabajaba en ese momento.
