A un año del crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, fundador del portal web Fuentes Fidedignas, la Fiscalía General del Estado sigue con las manos vacías, por el contrario, la única persona que había sido procesada por encubrimiento fue absuelta luego de obtener un amparo que reveló una y otra vez las pifias del ministerio público que integró la carpeta de investigación.
Por órdenes de la fiscal Sara Bruna Quiñones, desde el 28 de enero pasado, la Fiscalía ofreció un millón de pesos por cada uno de los dos presuntos responsables identificados, uno como presunto autor intelectual y el segundo como material, ambos integrantes del crimen organizado.
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Se trata de Jorge Ernesto Gómez Galván, quien habría ordenado a Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde, atentar contra la vida de Luis Enrique Ramírez Ramos, el pasado 5 de mayo de 2022, luego de que la víctima llegó al domicilio de Brissia Carolina, acusada de encubrir a Gómez Galván, para intentar entrar a la casa, relatoría que se vierte en el juicio de amparo 796/2022.
Omisiones y excesos
Para el Juez Primero de Distrito, el ministerio público no logró acreditar que Brissia Carolina haya actuado con dolo y alevosía para tratar de encubrir a su pareja -padre de sus dos hijos- en la trama que llevó al asesinato del también colaborador del diario El Debate.
De hecho, calificó de exceso por parte del Juez de Control el encarcelamiento de la joven madre de familia, pues ella desde el principio acreditó que desde la madrugada del 4 de mayo, reportó al sistema de emergencias 911 que una persona llegó a su domicilio con la intención de ingresar.
Esta persona habría sido Luis Enrique Ramírez Ramos. En la acusación el ministerio público señaló que Brissia Carolina, “auxilió a los indiciados toda vez que de manera voluntaria, con pleno dominio funcional del hecho, trató de eludir las investigaciones de la Fiscalía”.
Lo anterior por ocultar o desaparecer un celular Huawei con el que supuestamente se comunicó con Jorge Ernesto para avisarle que lo buscaban, pero el Juez de Distrito no lo dio por válido, toda vez que no había pruebas, solamente sospechas.
Los investigadores de la Fiscalía armaron una intrincada narrativa sobre el uso específico de ese celular, solicitando a un juez técnico una orden de intervención y a la compañía Telcel, toda la información, en la que al final no lograron demostrar alguna responsabilidad penal.
La acusación de mayor peso que tenía la Fiscalía, era que Brissia Carolina declaró que después de saber del homicidio del periodista, escondió el celular, pero a la vez lo utilizó para llamar a su pareja “para encubrirla”.
Pero de manera general, el juez de Distrito concluyó que en el caso de ella, es aplicable el artículo exculpatorio 350 del Código Penal de Sinaloa, en el que se establece que no incurre en el delito de encubrimiento por favorecimiento a familiares, incluyendo relaciones de concubinato, como en este caso. La mujer acreditó una relación de 20 años con el presunto autor intelectual y tener dos hijas menores con él.
Proceso innecesario
Incluso el exceso por parte de la Fiscalía fue en el sentido que desde el principio también se tuvo que considerar el hecho de que Brissia Carolina es madre de menores, y ella misma en sus declaraciones acreditadas, habló al 911 para pedir ayuda, ya que una persona intentaba entrar a su casa.
La omisión criminal
En el expediente consultado por El Sol de Sinaloa se lee que Brissia Carolina llamó al 911 para solicitar ayuda de las autoridades, ya que una persona quería entrar a su casa, donde estaba sola con sus hijas.
Sin embargo, a pesar de que se le recepcionó la denuncia a emergencias, ninguna patrulla arribó a la colonia Popular.
La llamada fue registrada a las 2:05:35 del 4 de mayo de 2022. El operador le pidió los datos a la mujer, quien comentó que una persona intentaba entrar al porche, dio los datos de la dirección y luego colgó. La patrulla nunca llegó pronto.
La versión ministerial es que luego Jorge Ernesto, que estaba esa noche en la comunidad de Pueblos Unidos, habló con Vizcarra, para “resolver” lo que no podían las autoridades, derivando en el homicidio del periodista.
En el expediente, ningún policía preventivo ni el operador del 911 declara por qué nunca llegaron a tiempo a atender el reporte.
La culpa es de otros
Al cumplirse el primer aniversario luctuoso, la fiscal Sara Bruna Quiñones declaró que si no han logrado detener a los presuntos responsables, es porque la ciudadanía no ayuda, a pesar de ofrecer dos millones de pesos de recompensa.
“A la sociedad no le interesa, les interesa leer por el morbo quizá, pero no les interesa cooperar con las autoridades, estamos llamando, cuando no podemos las autoridades, y hay que reconocerlos, ser humildes con esto, no hemos podido nosotros detenerlos, les ofrecemos dinero para que aporten algún dato y pues han hecho caso omiso”, apuntó la fiscal.
El gobernador Rubén Rocha ya había asegurado que posiblemente los sujetos reciben “pitazos” del interior de la Fiscalía, pero la fiscal nunca ha revelado si se investigan estas filtraciones graves por parte de su personal.
“Que para El Salado no lo conozcan, que todos saben que son los lugares que por ahí se llevan, pero nadie nos da un dato concreto”.
Homenaje
El viernes 5 de mayo el gremio periodístico de Culiacán realizó un homenaje en recuerdo de Luis Enrique Ramírez, con una lectura de sus crónicas de su libro “La Muela del Juicio”.