Culiacán, Sin.- A lo largo de 30 años, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ha sido parte, en su calidad de árbitro, de once procesos electivos, en los que, de manera gradual, ha avanzado la protección de los derechos políticos de las y los sinaloenses, entendidos como derechos humanos, destacó la magistrada presidenta, Verónica Elizabeth García Ontiveros.
Durante la ceremonia del 30 aniversario del Tribunal, ponderó la tutela que ha tenido de los derechos de los grupos históricamente discriminados, particularmente de las mujeres, lo que ha llevado cada vez más hacia una democracia paritaria.
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Al hacer un recuento de la evolución del órgano jurisdiccional, afirmó que a partir de mayo de 1992, cuando se crea el Tribunal Estatal Electoral como órgano de naturaleza jurisdiccional y autónoma, se establecieron las bases para regular un sistema de medios de impugnación en materia electoral, desde la cual se apreciaba ya el principio de lo que sería la justicia electoral como la conocemos hoy en día.
Consideró que la creación del Tribunal Estatal Electoral fue el resultado de una lucha pertinaz que la ciudadanía impulsó para que las controversias políticas electorales se dirimieran de forma pacífica a través de los cauces institucionales.
Las diferencias y los conflictos políticos, son consustanciales a la democracia.
Las diferencias y los conflictos políticos, expresó, son consustanciales a la democracia, como lo son también las instituciones especializadas en la solución de esas divergencias, conforme a un marco jurídico.
Sostuvo que en los estados democráticos de derecho, el poder se renueva mediante elecciones populares precedidas por contiendas electorales, lo cual precisa de árbitros imparciales y autónomos.
Las autoridades jurisdicciones, no pueden actuar solas, se requiere de otros actores.
En la ceremonia estuvo presente, vía remota, Gabriela del Valle Pérez, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien mencionó que hace 30 años no se tenía una justicia electoral sólida, nivel nacional y estatal, y ello no permitía una evolución política del país.
Afirmó que ahora se puede hablar de otra historia con instituciones que salvaguardan los derechos políticos electorales de la ciudadanía, lo cual no sería posible sin la labor de quienes conforman los tribunales electorales.
Todavía, dijo, se pueden escuchar críticas sobre la labor de las autoridades jurisdicciones, pero estas no pueden actuar solas, sino que se requiere también del esfuerzo y compromiso de otros actores.
Mencionó que con la decisión de jueces y juezas se ha impactado en temas como el desarrollo de las elecciones, las campañas, los partidos políticos, la representación de diversos grupos y en la integración paritaria de las candidaturas y de los órganos electorales.
La magistrada ponderó la trascendencia y grandes alcances que tienen las decisiones judiciales que pueden contribuir a la consolidación de un estado de derecho y velar por las reglas y principios democráticos, pero que se debe tener cuidado porque se puede legitimar acciones gubernamentales que menoscaben el estado de derecho.