Dos personas clave que fungieron como denunciantes tanto en uno de los juicios políticos como en la demanda judicial contra el defenestrado alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se encuentran relacionadas con la cúpula del partido Morena.
Una de ellas desde agosto se convirtió en secretaria de Finanzas del Comité Directivo Estatal morenista. Se trata de Emma Elizan Aguilar Cota, quien aparece constantemente a un lado de la dirigente del partido, Merary Villegas Sánchez, y aunque la otra persona que presentó denuncia de hechos por el caso de la renta de 40 camiones de basura, no ha sido localizada, era parte del equipo del diputado local morenista Serapio Vargas Ramírez.
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Este último se llama José Eduardo Ayón Barrera, quien en 2018 participó como candidato plurinominal por el desaparecido Partido Independiente Sinaloense (PAIS), promovido por Vargas Ramírez, diputado actual por el Distrito 17 ubicado en el sur de la capital del estado.
En el proceso electoral de ese año, el único en el que participó el PAIS, -no obtuvo el registro-, Ayón Barrera aparece en el sitio 16 de la lista plurinominal. Esta persona, después de presentar la denuncia contra Estrada Ferreiro a fines de abril de 2022, y luego de ratificarla, ya no volvió a ser localizada por la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con los juicios de amparo acumulados, la defensa del ex alcalde solicitó la presencia de Ayón Barrera en una audiencia, pero el Fiscal Anticorrupción aseguró que no lo localizó en su domicilio, aunque le dejó la notificación en el mismo.
El misterio de un denunciante
El Sol de Sinaloa tuvo acceso a un documento del juicio de amparo que corre en los juzgados federales. El licenciado de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, Josué Ontiveros García señala que el 13 de octubre acudió a la comunidad El Chamizal de Juárez (ejido El Corazón), ubicada en la sindicatura de Costa Rica, a hacer la diligencia para notificar a José Eduardo Ayón Barrera, pero no lo encontró.
En cambio, Ayón Barrera aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia como beneficiario de programas de subsidio “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, por la cantidad de 129 mil 156.87 pesos durante 2020. Al año siguiente recibió 19 mil 199.9 pesos en especie.
También ha recibido apoyos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y también se encuentra en el padrón de beneficiarios de programas de la Secretaría de Bienestar.
Según obra en el Acuerdo 73 de la Comisión Instructora del procedimiento que realizó el Congreso para desaforar al alcalde, el 21 de abril José Eduardo, un ciudadano dedicado a labores del campo en su comunidad, acudió “por ejercicio de su propio derecho” ante la fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, para denunciar a Estrada Ferreiro porque detectó que el contrato adjudicado sin licitación a la empresa Grupo Ketzer, por un monto de 117 millones de pesos, era ilegal, así que solicitaba una profunda investigación.
El 25 de abril, la secretaria particular de la fiscal, Guadalupe Serrano Mariscal, remitió la denuncia a Nereida Avilés, titular de la Fiscalía Anticorrupción, quien de inmediato inició la Carpeta de Investigación número FGE/FECC!002/2022/Cl.
De este modo se estableció que los delitos presuntamente cometidos por el ex alcalde fueron el de “ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular del servicio público, abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito y los que resulten en perjuicio del servicio público y del erario del H. Ayuntamiento de Culiacán”.
De José Eduardo, el ciudadano que activó la maquinaria del Estado para judicializar a Estrada Ferreiro, ya no se volvió a saber nada. Aquel 13 de octubre, el fiscal Anticorrupción aseguró que no lo encontró. En su denuncia, José Eduardo no dejó teléfono ni correo electrónico de contacto.
El Sol de Sinaloa viajó hasta El Chamizal de Juárez para solicitar una entrevista con el denunciante original. Se ubicó una vivienda humilde de un solo cuarto, con un pequeño jardín arreglado; al frente de la propiedad se encuentra en abandono un cuarto que dice “Dispersora Unión Progreso El Corazón”. El ciudadano no se encontraba en casa el 4 de enero pasado.
Los vecinos informaron a este medio que “Lalo” va y viene, que el terreno donde está construida la casa “lo compró su papá hace años” y ahí levantaron el cuarto de material. Del expediente original radicado en el juzgado local, la copia de su credencial del INE desapareció.
“Lalo” ha sido requerido por la defensa de Estrada, pero la respuesta del fiscal Anticorrupción es que no lo ha encontrado.
La morenista
Emma Elizan Aguilar Cota presentó el juicio político 04 en contra de Estrada Ferreiro; para hacerlo acudió al Congreso como representante del Consejo Estatal de Jubilados y Pensionados A.C. Ella misma es jubilada del Gobierno del Estado y de acuerdo con la Plataforma de Transparencia, tiene una pensión de 30 mil pesos mensuales desde 2017 a la fecha.
Hasta 2018, Aguilar Cota aparecía en como afiliada en el padrón del Partido Revolucionario Institucional, y durante las manifestaciones contra Estrada Ferreiro, acudió al patio del Ayuntamiento con otros integrantes de la asociación que dirige, ya que denunciaban al entonces alcalde de eliminar el descuento del 50 por ciento del servicio del agua.
Sin embargo, durante el juicio político que promovió no logró comprobar que dicho descuento se le negó a ella o a las personas pensionadas que llevó al Congreso a declarar, en una audiencia con los diputados a puerta cerrada, según se desprende de los expedientes consultados.
En agosto de 2022, Emma Elizan participó como candidata a consejera de Morena, quien logró obtener mil 109 votos de los militantes, y el 22 de agosto, se convirtió en la secretaria de Finanzas del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El día de ayer (22 de agosto) se hizo historia en Sinaloa al formarse el primer Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa con equidad de género en donde asumí el cargo como secretaria de Finanzas, la cual lo hago consciente de la responsabilidad”, escribió en su cuenta de Facebook al compartir una fotografía, donde aparece a un lado de Merary Villegas.
El juicio político JP/04 que promovió la hoy secretaria de Finanzas de Morena, quedó en parado luego de que Estrada obtuvo una suspensión definitiva. El único juicio que avanzó hacia el Supremo Tribunal, también frenado de momento por un amparo, fue el JP/02, que promovieron las viudas de policías. En este caso, en tanto la autoridad jurisdiccional no resuelva el fondo, el Supremo no emitirá una sentencia.
Otras pistas que brincan
Cuando el Congreso votó el desafuero de Estrada, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez aseguró que ni aun resultando absuelto Estrada Ferreiro en el proceso penal que inició, podría regresar a retomar la alcaldía, debido a que era un asunto que lo marcaba la ley.
Así, para justificar lo anterior, la Comisión Instructora utilizó como Tesis de Jurisprudencia un amparo en revisión del año 1946, cuando el Estado-PRI veía sus albores en el país. A la letra, este amparo señala:
“En tanto que tratándose de desafuero, el representante popular queda desde luego separado del cuerpo a que pertenece, sin que pueda volver a recuperar su cargo, aún cuando sea absuelto en el proceso judicial correspondiente.
Lo anterior, con el énfasis añadido de la Comisión Instructora, fue extraído del expediente Amparo Penal en Revisión 3904/45, del magistrado Pedro Tellez Vargas, cuando todavía era presidente el general Manuel Ávila Camacho, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial y un año de la fundación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Otro dato relevante de la Carpeta de Investigación FGE/FECC/002/2022/Cl se integraron 29 tomos que incluyen miles de fojas con todas y cada una de las licitaciones que hizo el Ayuntamiento tanto en la primera administración de Estrada como en el inicio de la segunda, sin que todos estos documentos tenga relación con la acusación original de la presunta ilegalidad del contrato de arrendamiento de 40 camiones de basura a la empresa Grupo Ketzer.
¿Y la ASE?
La Auditoría Superior del Estado no presentó la denuncia penal por el contrato adjudicado a Grupo Ketzer debido a que ya había concluido su revisión, observando solamente las pólizas de los seguros, por lo que estaba impedida para proceder al dar el asunto por concluido.
