Culiacán, Sin.- Por actos de discriminación, violencia política y abuso de autoridad, un grupo de comerciantes y empresarios de Culiacán presentó una queja contra el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil en la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.
Los presuntos actos que violentan los derechos de los empresarios se derivan de la negativa del cuerpo de cabildo del Ayuntamiento para aprobar el 40 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial a comercios, industria y servicios que se otorgaba desde hace 35 años en Culiacán.
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Fue el pasado 17 de enero cuando el cabildo de Culiacán aprobó por mayoría de votos otorgar el 20 por ciento de descuento a este sector comercial en el pago del impuesto predial, estimulo que ha sido calificado por los beneficiarios como insuficiente y han solicitado de diversas maneras que regrese el anterior descuento del 40 por ciento.
La denuncia ante la CDDHS fue presentada por Óscar Eduardo Sánchez Beltrán y Juan Manuel Padilla López, ambos comerciantes del centro de Culiacán. En la denuncia también se incluye a la Sindica Procuradora María del Rosario Valdez Páez y el Secretario del Ayuntamiento José Ernesto Peñuelas Castellanos.
Así como a los 9 regidores que aprobaron este descuento, José María Casonava Rodríguez, Arely Berenice Ruiz López, Jesús Miguel Ibarra Atondo, Nallely Guadalupe Pérez Amézquita, Óscar Manuel Uribe Padilla, Grecia, Mirleth Aguilar González, Elda Amor López Cárdenas, Luz del Carmen Félix Garay y Sandino López Montes.
Los comerciantes señalan que han sido víctimas de discriminación administrativa, recaudatoria y fiscal, basado en un trato desigual con otros grupos de la población a quienes se les ofreció un descuento superior, como jubilados, pensionados y grandes cadenas comerciales.
De igual modo, señalan abuso de autoridad del alcalde, la Sindica Procuradora, el Secretario del Ayuntamiento y el grupo de regidores y regidoras, quienes les han negado una audiencia y la posibilidad de dialogar y llegar a un acuerdo en común.
Este grupo de comerciantes se dice víctima de violencia política de la administración municipal, debido a la discrepancia de ideas y corrientes políticas, por lo que, señalan, han sido castigados con la reducción del estímulo en el pago del impuesto predial.
Finalmente, los agraviados señalaron la crisis económica que se vive en el país derivado de la pandemia por Covid-19 y la inflación del 8.5 por ciento en Sinaloa, por lo que es urgente atender al sector comercial e industrial a fin de seguir abonando al crecimiento y desarrollo social y económico de la región, expusieron.
