Culiacán, Sin.- Al darse lectura a los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio del 2018 de nueve ayuntamientos, ocho de ellos reprobados por la Comisión de Fiscalización, pese a que la Auditoría Superior del Estado los envió al Legislativo de manera aprobatoria, el diputado del PRI Sergio Jacobo dijo que ésta sigue violando las leyes.
Con artimañas, chicanadas y acciones que atenta contra la ley, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado vicia de origen y de manera irresponsable la revisión de las cuentas públicas correspondientes al 2018 y abre el camino para futuras impugnaciones por parte de los entes fiscalizados”, dijo.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI recordó que los dictámenes de las cuentas públicas del 2017 fueron vetados por las violaciones a la legalidad en las que incurrió la Comisión de Fiscalización y el pleno del Congreso, y existe todavía una controversia constitucional no resuelta.
Pero la Comisión de Fiscalización no aprendió la lección y está repitiendo las mismas violaciones a la ley, asumiendo facultades que no le corresponden y cambiando el sentido de las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado.
Sergio Jacobo
Jacobo Gutiérrez destacó que en la revisión de las cuentas públicas del 2018 la Comisión de Fiscalización está incurriendo en un nuevo y grave error, al sustituir la denominación del dictamen, que el año pasado fue Decreto y ahora es presentado como Acuerdo.
Esto representa una clara violación a la constitución y las leyes, ya que el dictamen que genera la Comisión de Fiscalización debe ser un Decreto, ya que es un resolutivo que implica derechos y obligaciones para personas físicas y morales, por lo que necesariamente debe publicarse en el periódico oficial del estado.
Sergio Jacobo
Subrayó que la Comisión de Fiscalización se está extralimitando en sus atribuciones, ya que ninguna ley le otorga facultades para definir la calidad de la dictaminación, ni para cambiar su denominación, además de que existe una diferencia clara e importante entre lo que es un Decreto y un Acuerdo, ya que este último no requiere para su validez la sanción, promulgación y publicación en el periódico oficial.
Esta es la verdadera razón del cambio de Decreto a Acuerdo, porque se quiere evitar la posibilidad de que estos dictámenes sean observados o vetados, cuando estos son instrumentos legales y legítimos en un sistema de división de poderes y con esta grave irregularidad la Comisión de Fiscalización violenta la legalidad, vicia de origen la revisión de las cuentas públicas y deja abierto el camino para futuras impugnaciones de los entes fiscalizados.
Sergio Jacobo
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