Culiacán, Sin. -La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas obtuvo resultados con observaciones relacionadas con la falta de integración y transparencia de expedientes de personas apoyadas y falta de comprobación de gastos durante la fiscalización de su estado financiero de la Auditoría Superior del Estado del 2022.
De acuerdo con los resultados obtenidos por la ASE, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito no cuenta con un reglamento interior que regule la estructura, organización y funcionamiento de la dependencia.
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Su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2022 no se encuentra debidamente elaborado y publicado, y además, no cuenta con la figura de órgano de Control Interno, área gubernamental que cuenta con funciones de fiscalización y vigilancia del organismo.
La comisión no registra los pagos por concepto de nómina realizados a los trabajadores y no cumple con su obligación de publicar información de índole público de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Una de las observaciones más importantes fue la relacionada con los apoyos otorgados a personas durante el 2022, pues la ASE determinó que los expedientes de los beneficiarios no se encuentran debidamente integrados.
En ese sentido, la Comisión de Atención a Víctimas ejerció en 2022 recursos públicos por concepto de Ayudas Sociales a Personas por un monto de 4 millones 715 mil 226 pesos, de los cuales la ASE fiscalizó 1 millón 842 mil 938 pesos, lo que representa el 39 por ciento del gasto total en apoyos sociales.
De este monto fiscalizado, la ASE encontró que la Comisión de Atención a Víctimas omitió proporcionar documentación comprobatoria y justificativa que contenga la solicitud de apoyo, documento que justifique el motivo por el cual fue otorgado el apoyo, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), identificación oficial del beneficiario firmada o, en su caso, con huella dactilar y recibo firmado por el beneficiario o cualquier otro documento.
Ante ello, la ASE desplegó un pliego de observación y promoción de responsabilidad administrativa por un monto de 277 mil 710 pesos, de los cuales se presume un daño o perjuicio al patrimonio de la Comisión por haber realizado pagos por concepto de ayudas para gastos funerarios, gastos hospitalarios, pagos de edictos, revisión de expedientes y otros apoyos sin comprobar.