Culiacán, Sin.- Hasta el momento no se sabe dónde están dos mil 785 millones 492 mil pesos que el gobierno estatal debe al Instituto de Pensiones y a empresas que otorgaron créditos a los trabajadores. En días pasados en el congreso del estado diversos legisladores pidieron deslindar responsabilidades para saber si esos recursos se destinaron a gasto corriente o se los “clavaron”. Como bomba de tiempo tarde que temprano el gobierno tendrá que reponer ese dinero porque es de los trabajadores del estado.
De acuerdo al Informe Primario de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, se desconoce el paradero de mil 572 millones 595 mil 737 pesos que tanto los ex gobernadores Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel no reportaron al Instituto de Pensiones de Sinaloa. La cantidad es por aportaciones que religiosamente descontaban a los trabajadores, pero también existen mil 212 millones 896 mil 323 pesos que no se enteraron a empresas que dieron créditos a trabajadores y que a éstos el gobierno del estado les descontó vía nómina.
Puedes leer: Recrimina morena “arreglos” entre la administración de Quirino y la de Malova
Desde hace varios años cada vez que la Auditoría Superior del Estado revisa las cuentas públicas da a conocer de este “desfalco”, que año con año ha aumentado sin que hoy día sea la excepción.
“Lo más grave es que la Auditoría Superior del Estado habiéndolo detectado desde hace años, hasta el momento no ha fincado responsabilidades porque es un tema muy delicado. La propia auditora admite que es una situación muy grave, pero no actúa conforme a la Ley, eso es lo que nos extraña que su apreciación se concrete a que no es un delito considerado como grave y que lo que hacen es pasarlo al órgano interno de control que en éste caso, es la unidad de transparencia y rendición de cuentas del gobierno del estado a efecto de que inicie el procedimiento, pero sabemos que eso y nada, es la misma”, dice el diputado Adolfo Beltrán de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado.
De acuerdo al informe del ejercicio 2012 al 2016, fechas en que gobernaba Mario López Valdez, el “desfalco” al Instituto de Pensiones fue de mil 339 millones 176 mil 364 pesos. Luego de 2018 al 2019 en la administración de Quirino Ordaz no se enteraron 233 millones 419 372 pesos, lo que da un total de mil 572 millones 595 mil 737 pesos. La ASE en otro apartado advierte que en el 2020 había un saldo pendiente de enterar por 71 millones 683 mil 772 pesos.
En el 2017 Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas al iniciar el gobierno de Quirino Ordaz, aseguró que ese dinero fue utilizado para otros gastos ajenos al IPES. Y advirtió que se iba a investigar y proceder, sin embargo sólo en ese año dieron a conocer las aportaciones a pensiones, pero después actuaron igual que su antecesor Mario López Valdez y dejaron de enterar al Instituto los recursos que descontaban a los trabajadores.
La Auditoría Superior del Estado sólo ha hecho “observaciones” por retenciones no enteradas e informa de manera escueta. En ningún momento refiere sanciones o que se obligará a resarcir el daño.
“Al no ser enteradas las retenciones realizadas a los sueldos de los trabajadores han provocado un gran desfalco al Instituto de Pensiones”, advierte Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.
“Vamos a estar atentos a que éste derecho de los trabajadores se haga expreso. Desde la fiscalización estamos viendo cómo año con año, hay una observación que se repite, que se reitera que no se reporta la aportación de los trabajadores al IPES, entre otros”, dijo.
Ante esta problemática el diputado priista ha propuesto reformar la Ley de Pensiones y la Ley de Responsabilidades Administrativas para que la omisión de enterar en tiempo y forma ante el Instituto de Pensiones cuotas y aportaciones, sea un delito grave para evitar que se lesione la seguridad social de los trabajadores del estado.
¿Y LOS DESCUENTOS POR CRÉDITOS?
Otro “hoyo negro” es el destino del dinero de los descuentos que se aplican a trabajadores que contratan créditos vía nómina con empresas, ya que se perjudica tanto a trabajadores como a quienes contratan. No pasa por alto que estas empresas a las que se les debe se han mantenido en silencio pese a que no se les enteraron mil 212 millones 896 mil 323 pesos.
Por ejemplo la empresa Prestaciones FINMART, S.A. DE C.V. y SOFOM ENR el gobierno del estado tiene un saldo pendiente de enterar del ejercicio 2016 por mil millones 171 mil 981 pesos por concepto de créditos voluntarios vía nómina.
También a la empresa Prestaciones Prestación S.A. de CV por créditos voluntarios vía nómina, tiene saldo pendiente de enterar proveniente del ejercicio 2014, 2015 y 2016 por importe de 27 millones 963 mil 104 mil pesos.
También la empresa Fondo ACH, S.A. de C.V. SOFOM. ENER hay un saldo pendiente de enterar, proveniente del ejercicio 2016, por nueve millones 343 mil 616 mil pesos por concepto de créditos voluntarios y que el gobierno del estado les descontó a los trabajadores vía nómina.
A la empresa Proveedores Metlife, México, S.A de C.V por seguros voluntarios, existen saldos pendientes de enterar proveniente del ejercicio 2014, 2016 por importe de 33 millones 898 mil 044 pesos.
También la empresa Total Credit, S.A.P.I de C.V. por concepto de créditos voluntarios contratados tiene saldo pendiente del ejercicio 2016 por 29 millones 895 mil 779 pesos.
El diputado Adolfo Beltrán de la comisión de Fiscalización del Congreso del estado, precisó que en días pasados sostuvieron una reunión con Emma Guadalupe Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado, se le pidió una explicación de las cuentas por enterar a favor de terceros que el gobierno estatal del 2012 al 2020 retuvo y que es una cantidad enorme. Citó por ejemplo que a los trabajadores se les retuvo vía nómina por concepto de créditos que obtuvieron a empresas, más de mil millones de pesos desde el 2016.
“Se nos hace raro y extraño que una empresa haya otorgado créditos a los trabajadores por más de mil millones y que hasta el momento no haya ninguna situación legal, como una denuncia, demandas, reclamos de ninguna de las partes. Hasta este momento no tenemos conocimiento de que alguno de los trabajadores que fueron beneficiados con un crédito haya sido demandado por falta de pago”.
Dijo que es reiterativa por parte de la ASE la misma observación y que pasen años y no haya sido solventada, ni subsanada. “Es decir que en este momento persiste esa deuda, por eso, nosotros queremos saber cuál es la situación de los trabajadores que recibieron ese préstamo que se les descontó vía nómina y que la empresa no haya reclamado, hay muchas dudas que se tienen que disipar en este tema, queremos saber entre otras cosas, cómo se operó, por qué no hay juicios al respecto”, indicó.