En diciembre de 2020, Álvaro llegó a una de tantas comunidades de Angostura y aprovechó su cercanía con una niña, al ser su tío en segundo grado, y le realizó tocamientos sexuales.
La Fiscalía General del Estado procesó el caso tras ser denunciado, pero el pasado 9 de agosto, el sujeto fue sentenciado a apenas a 2 años y 8 meses de prisión, así como una multa de 8 mil 688 pesos y otros 12 mil por reparación del daño moral y material.
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Esta sentencia entra en el parámetro del delito de abuso sexual, que de acuerdo con el Código Penal de Sinaloa, se castiga con una pena de 2 a 6 años de prisión, pero si en el acto hay violencia, la sentencia máxima llega a 8 años.
Incluso, si la víctima es mayor de 12 años, la sentencia mínima es un año como mínimo.
Esta situación no empata con el gran problema que representan los delitos sexuales en Sinaloa, cuyas cifras se mantienen con una alta tasa a nivel estatal.
Datos de relieve
La Fiscalía General del Estado registró de enero hasta el pasado 14 de agosto un total de 304 denuncias por abuso sexual, que es el acto que comete una persona por tocamiento, no por penetración sexual, que ya éste entra en la categoría de violación.
Sin embargo, la violación sexual también tiene cifras altas, con 224 a fecha de agosto, contra las 185 del mismo periodo de 2021. Es decir, este año en curso suman 39 casos más, y eso que el año pasado fue uno de los más violentos en temas sexuales en Sinaloa.
Paralelo a esta problemática, las sentencias mínimas que recaen sobre violadores y abusadores sexuales, parecen alentar a los perpetradores, amparados por el sistema de procuración de justicia, que a su vez alimenta el silencio de las víctimas.
Nada más este 2022, de enero al 15 de agosto, la Fiscalía logró solamente 68 sentencias, de las cuales fueron 32 por abuso y 36 por violación.
El silencio de las víctimas
Para Rocío Avendaño Gálvez, activista y presidenta del Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, las víctimas de abuso sexual muchas veces se ven intimidadas por la complejidad de los procesos tanto de denuncia como acceso a la justicia.
De igual modo, comenta que razón por las cuales las afectadas se animan a alzar la voz es por la atención médica que reciben, pero “acuden sin esperar justicia”.
Asimismo, la feminista hace hincapié en que los registros de violaciones arrojan que la mayoría de estos delitos son efectuados por desconocidos y en espacios públicos.
Sin embargo, enfatiza que es difícil saber los casos en los cuales el activo es cercano al pasivo.
“Tratan de ocultarlo, de que no se sepa, hay mucho prejuicio”, explica.
El cambio que no llega
Autoridades como lo son la Secretaría de Mujeres y colectivos feministas señalan que buscan hacer un cambio en el Código Penal de Sinaloa, el cual estipula como pena mínima por violación es de seis a veinte años de prisión.
El artículo 183 del Código deja a deber mucho, pues un abusador puede alcanzar un año o dos, o como en el caso de Álvaro, 2 años y 8 meses.
Es aquí donde se busca elevar la pena mínima. “Las violaciones y abusos se están denunciando más, y eso nos compromete a tener instrumentos legales para que las mujeres accedan a la justica”, expone Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de la Secretaría de Mujeres Sinaloa.
De igual modo comenta que también se está trabajando en que las instituciones crean en la palabra de las mujeres.
“Si no crees en la víctima, difícilmente vas a tener éxito en una investigación”.
Rocío y Consuelo concuerdan en que para erradicar la problemática de raíz el objetivo a perseguir es la prevención de estos actos.
De la misma manera, coinciden en que la reforma a elevación de sentencia mínima es la acción más a la mano.
“Elevar la sentencia mínima manda un mensaje”, enuncia la presidenta del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses.
