Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad el Pleno del Congreso del Estado aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.
La iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena para crear esta fiscalía adiciona una fracción al artículo 4° Bis B, y se reforma el artículo 76 Bis A de la Constitución Política del Estado.
En tribuna la diputada del PRI Gloria Himelda Félix Niebla al hablar a favor de la iniciativa aclaró que con la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se da un paso importante hacia la consolidación de un sistema eficaz y eficiente la salvaguarda de la vida y la libertad.
Puedes leer: Aumentan denuncias por violaciones a mujeres
Dijo que con ello, se busca consolidar, desde el punto de vista legal y operativo, un sistema, eficaz y eficiente de seguridad, que salvaguarde la vida y la libertad de las personas.
“Constituye una obligación innegable del estado garantizar la protección jurídica y material de las personas frente a cualquier hecho o conducta que pudiera devenir en la afectación de sus derechos humanos”, señaló.
La diputada priista señaló que la Fiscalía en Desaparición Forzada deberá coordinarse con las organizaciones de búsqueda de personas desparecidas, al igual que con las autoridades responsables de los procedimientos relacionadas con las mismas, a fin de hacer más eficiente su labor.
Puedes leer: Se manifiestan estudiantes de la UAS por casos de acoso
De igual manera, Félix Niebla señaló que esta Fiscalía debe contar con mecanismos reales para el combate a la tortura , a fin de erradicar esta práctica que violenta la integridad física de las personas, con independencia de quien la cause.
“Con ello, debemos enfocar todos nuestros esfuerzos con la finalidad de garantizar una reparación cierta a las víctimas del delito. El Estado debe una respuesta a las víctimas. Les debe mejores procedimientos, mejores investigaciones, resultados inmediatos, pero sobre todo, debe un resarcimiento a sus afectaciones”, indicó.
Félix Niebla consideró que la vida y la libertad son bienes jurídicos cuya tutela goza de una prioridad a cargo de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, pero también, por los sistemas federal y locales de justicia.
“Estamos construyendo parte de la respuesta; el ejercicio de la función legislativa que lo sucesivo habremos de desplegar, debe contar con una perspectiva de atención y respuesta sensible a quienes han sido víctimas de estas reprobables conductas”, indicó.
