/ viernes 30 de septiembre de 2022

Congreso reprueba cuentas públicas de Navolato y Elota

Por otro lado, fueron aprobadas las del municipio de San Ignacio y Cosalá

Culiacán, Sin.- En la misma sesión de la Comisión de Fiscalización, donde rechazaron las cuentas públicas de Culiacán y Mazatlán, también por unanimidad se rechazaron las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 de Navolato y Elota y aprobaron la de San Ignacio y Cósala, este último municipio por mayoría.

La Auditoría Superior del Estado advierte que Navolato solamente solventó el 0.5 por ciento del total de pliegos de observaciones

También puedes leer: Comisión de Fiscalización reprueba cuenta pública 2020 de Culiacán

Asimismo, presentó pasivos sin fuente de pago por 33 millones 439 mil pesos, además presenta excesos en pago de servicios personales y el 93.06 por ciento del total de la obra pública no se licitó.

Registra pagos por concepto de indemnización por riesgo laboral al Presidente Municipal, Síndico, Procurador y Regidores, por un monto de un millón 279 mil pesos, sin contar con la documentación justificativa

Registra pagos por un millón sesenta y un mil pesos, por concepto de adquisición de material de bandas de guerra, sin contar con la documentación justificativa

Realizó pagos con recursos del Impuesto Predial Rústico, por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso, y pagados no ejecutados en diversas obras, por un monto total de novecientos dieciséis mil, doscientos veintisiete pesos.

Elota

Este municipio en su cuenta pública correspondiente al 2020 privilegió el procedimiento de adjudicación directa para la contratación de la obra pública en un 90.38 por ciento, aunque se advierte que no registro pasivo sin fuente de pago y no aplicó más de un millón de pesos de recursos federales que recibió.

Además, no reintegro a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el importe de 367 mil pesos, que no fue devengado ni vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago

Realizó pagos por la cantidad total de 188 mil pesos, por concepto de gastos a comprobar, sin haber gestionado la recuperación y/o comprobación correspondiente

Registró el anticipo por la adquisición de una hectárea de terreno por importe de un millón, 850 mil pesos, observándose que no se aplicó al presupuesto, ni ha sido recuperado, el cual, además, no debió cubrirse con recursos del Impuesto Predial Rústico, al no considerarse inversión pública en el medio rural.

Hay un incremento sobre el límite máximo para asignación global de recursos para Servicios Personales del Ejercicio Fiscal 2020, por un importe de cuatro millones 550 mil pesos que registró la Auditoría Superior del Estado.

Cabe recordar que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Feliciano Castro, aclaró que las cuentas públicas de los 18 municipios que vengan con dictamen a favor o en contra, no quiere decir que en esos términos están definidas, ya que será el pleno quien emita el acuerdo sobre si rechaza o aprueba el dictamen que emitió la Comisión de Fiscalización.

Culiacán, Sin.- En la misma sesión de la Comisión de Fiscalización, donde rechazaron las cuentas públicas de Culiacán y Mazatlán, también por unanimidad se rechazaron las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 de Navolato y Elota y aprobaron la de San Ignacio y Cósala, este último municipio por mayoría.

La Auditoría Superior del Estado advierte que Navolato solamente solventó el 0.5 por ciento del total de pliegos de observaciones

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Asimismo, presentó pasivos sin fuente de pago por 33 millones 439 mil pesos, además presenta excesos en pago de servicios personales y el 93.06 por ciento del total de la obra pública no se licitó.

Registra pagos por concepto de indemnización por riesgo laboral al Presidente Municipal, Síndico, Procurador y Regidores, por un monto de un millón 279 mil pesos, sin contar con la documentación justificativa

Registra pagos por un millón sesenta y un mil pesos, por concepto de adquisición de material de bandas de guerra, sin contar con la documentación justificativa

Realizó pagos con recursos del Impuesto Predial Rústico, por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso, y pagados no ejecutados en diversas obras, por un monto total de novecientos dieciséis mil, doscientos veintisiete pesos.

Elota

Este municipio en su cuenta pública correspondiente al 2020 privilegió el procedimiento de adjudicación directa para la contratación de la obra pública en un 90.38 por ciento, aunque se advierte que no registro pasivo sin fuente de pago y no aplicó más de un millón de pesos de recursos federales que recibió.

Además, no reintegro a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el importe de 367 mil pesos, que no fue devengado ni vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago

Realizó pagos por la cantidad total de 188 mil pesos, por concepto de gastos a comprobar, sin haber gestionado la recuperación y/o comprobación correspondiente

Registró el anticipo por la adquisición de una hectárea de terreno por importe de un millón, 850 mil pesos, observándose que no se aplicó al presupuesto, ni ha sido recuperado, el cual, además, no debió cubrirse con recursos del Impuesto Predial Rústico, al no considerarse inversión pública en el medio rural.

Hay un incremento sobre el límite máximo para asignación global de recursos para Servicios Personales del Ejercicio Fiscal 2020, por un importe de cuatro millones 550 mil pesos que registró la Auditoría Superior del Estado.

Cabe recordar que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Feliciano Castro, aclaró que las cuentas públicas de los 18 municipios que vengan con dictamen a favor o en contra, no quiere decir que en esos términos están definidas, ya que será el pleno quien emita el acuerdo sobre si rechaza o aprueba el dictamen que emitió la Comisión de Fiscalización.

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