A pesar de la existencia de un acuerdo contra de la violencia hacia las mujeres en la Secretaría de Educación Pública, en menos de dos meses de que se firmara se registró el primer caso denunciado públicamente.

En el convenio de colaboración participó la Secretaria de las Mujeres, la comisión de Igualdad de Género y familia del Congreso del Estado y diversas instituciones municipales y estatales que se comprometieron a idear estrategias y acciones a fin de garantizar espacios educativos libres de acoso y violencia para niñas y trabajadoras de la educación.

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Sin embargo poco se ha visto del resultado de este convenio que estuvo a cargo de María de la Luz Reyes, coordinadora de la unidad de Igualdad de Género, Convivencia Escolar y Derechos Humanos de la Sepyc, pues el día de ayer se realizó una manifestación en la Plaza de los Valores en apoyo a Sara Judith Flores, una maestra que durante un año ha sufrido actos de hostigamiento y acoso sexual de parte de un superior.

Ayer tuvo lugar una manifestación en la las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, donde la maestra informó a los medios de comunicación que llevó el caso hasta la Fiscalía General del Estado.

“La situación se fue dando en cambios de trabajo o de labores que me fue dando y la persistencia en querer situaciones conmigo y esto dio parte a que a los compañeros los fuera destituyendo, yo sería la número 7 que salimos del departamento”, señaló.

La maestra agraviada señaló públicamente a Juan de Dios Quintero López, jefe del departamento de Educación Física Federal, contra quien interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el delito de acoso sexual y hostigamiento laboral.

Los abusos, señala la maestra, se presentaron desde el año pasado, y aunque puso una queja en Recursos Humanos y externó la situación a sus superiores, su situación no se ha resuelto, por lo que el día de ayer se manifestó para exigir a las autoridades que atiendan su caso.

En la firma del convenio las autoridades municipales y estatales se comprometieron ante las cámaras y los medios de comunicación a velar por los derechos de las niñas y trabajadoras de la educación y garantizar espacios escolares libres de acoso, violencia y hostigamiento.

Han pasado dos meses desde ese momento y a las autoridades encargadas de cumplir con su parte del convenio, parece que ya se les olvidó.