Mazatlán, Sin.- Del 2013 al 2019, el estado de Sinaloa registra una tendencia creciente en la prevalencia de la corrupción, al pasar de 9.9 a 12.4 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes, de los cuales el 81.5% no denuncia el hecho porque lo considera inútil, una pérdida de tiempo, una práctica muy común, por miedo a represalias, por falta de tiempo, porque no sabe a quién acudir o porque dio dinero o regalos, según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, hecha por el INEGI, en ese periodo de tiempo.
Los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción, de acuerdo a este reporte, se da en el contacto con autoridades de seguridad pública (59.2%), hacer gestiones relacionadas con la propiedad (25.0%) y trámites ante el Ministerio Público (24.8%)
A la par, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), en sus indicadores del sistema político estable y funcional que corresponde al Índice de Competitividad Urbana del 2020, señala que la percepción de corrupción estatal en las zonas urbanas de Sinaloa aumentaron en los últimos dos año, del 2018 al 2020.
Los municipios con más incremento en la percepción de corrupción son Ahome que cambió de 21 a 24%, seguidos por Mazatlán con un aumento de 19 a 21%, y Culiacán, ascendió de 18 a 20%, con una diferencia de 2 a 3 puntos porcentuales.
El INEGI ubica a Sinaloa en el lugar 8 de la tabla de porcentajes de municipios que cuentan con plan o programa municipal anticorrupción, con 33.3% de afirmativo o en proceso, y un 66.7% que no cuenta con este mecanismo, esto con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de 2019.
Cada uno de los órganos estatales autónomos, así como los ayuntamientos, debieran de contar con este mecanismo de control, que permita combatir la corrupción al interior de las dependencias estatales y municipales.
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Sin embargo, no fue sino hasta el pasado 19 de noviembre, que el Congreso del Estado de Sinaloa publicó la convocatoria pública para el registro de aspirantes a ser titulares de los órganos internos de control del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que se promulgó en julio de 2016, establece las bases para el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción; en el 2017, se instituye en Sinaloa el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado (SEMAES), y el 6 de febrero de 2018, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
En el Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 2019-2020, varios entes u órganos autónomos que deberían contar con su órgano interno de control no reportaron procedimientos iniciados ni sanciones firmes e indemnizaciones contra dependencias o servidores públicos, entre ellos la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa.
Los que sí reportaron procedimientos iniciados y sanciones firmes contra alguna autoridad pública fueron la Auditoría Superior del Estado con 5 procedimientos y 3 sanciones; el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, con 224 procedimientos y 0 sanciones; la Fiscalía General del Estado, con 20 procedimientos y 29 sanciones.
Algunos municipios que a través de sus órganos internos de control reportaron procedimientos iniciados, pero sin sanciones ni indemnizaciones, fueron: Cosalá con 1 caso, Elota 2, Escuinapa 32, Guasave 17, Navolato 3 y Salvador Alvarado 4.
Por otra parte, de acuerdo al avance de interconexión de la Plataforma Digital Nacional, cuyo objetivo es ser una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la corrupción, en el estado de Sinaloa, el 40% de los sistemas locales anticorrupción y sistemas de servicios públicos no cuentan con las bases para el funcionamiento ni la normatividad aplicable para dicha plataforma digital.
Asimismo, el 70% de los órganos estatales no cuenta con la infraestructura o los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de este sistema de información anticorrupción, el 87% de las autoridades locales no han proveído de datos a la plataforma y el 33% de los órganos estatales no han desarrollado mecanismos de comunicación para informar a la población.
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