Culiacán, Sin.- En México, el delito de desempeño irregular de la función pública es una figura legal que busca sancionar los actos de corrupción y el abuso de poder por parte de servidores públicos. Este delito tiene como objetivo garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.
Según la legislación mexicana, el desempeño irregular de la función pública se refiere a las conductas de servidores públicos que realizan actos ilegales o contrarios a la ética en el ejercicio de sus funciones. Estas pueden abarcar desde la malversación de fondos, el nepotismo, el tráfico de influencias, hasta el cohecho y la extorsión.
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En Sinaloa
Uno de los casos más populares en el estado de Sinaloa tuvo que ver el pasado 6 de junio cuando, bajo la causa penal 574/2023 por el delito de Desempeño irregular de la función pública, el exalcalde de Mazatlán y exsecretario de Turismo en Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Javier Alarcón Lizárraga, extesorero municipal de Mazatlán, fueron vinculados a proceso.
Lo anterior, luego de que fueran señalados como presuntos responsables de haber hecho compras irregulares mientras cubrían sus cargos políticos en el ayuntamiento de Mazatlán.
De acuerdo con un medio de información local, fue debido a una presunta compra irregular de dos vehículos y cinco motocicletas en el ayuntamiento, estas unidades vehiculares serían regaladas en el mes de mayo del año 2022 a todas las madres del puerto.
Otro funcionario acusado de este delito es el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al cual en el mayo pasado, el Juez segundo de Distrito de Culiacán otorgó un amparo a favor para que se dicte una nueva resolución por el proceso de la renta de 40 camiones de basura por un contrato de 117 millones de pesos.
Al acudir a los juzgados de la capital, Estrada salió con la resolución en sus manos y declaró a los medios que la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones fue dictada “de manera perversa y dolosa” por el juez de control, a petición de las autoridades del estado.
Además, el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanece en el ojo público, pues el pasado lunes 3 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Poder Judicial la audiencia de imputación en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y de los integrantes del Comité de Adquisiciones, así como del ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, por el delito de desempeño irregular de la función.
Todo tiene origen en 12 denuncias que existen en contra de Madueña Molina, de Guerra Liera y funcionarios de administración, como Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Así, la gravedad de las conductas y la magnitud del perjuicio causado determinarán las sanciones correspondientes. Hay que recordar que, en el caso de este delito, las penas pueden variar dependiendo de la gravedad del acto y las circunstancias específicas de cada caso.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el servidor público que cometa el delito de desempeño irregular de la función pública puede enfrentar penas que van desde los 2 hasta los 14 años de prisión, además de multas que podrían ascender a montos significativos.
Estas penas pueden aumentar en caso de agravantes, como la participación de dos o más servidores públicos en la comisión del delito, o si el acto ilícito involucra una cantidad elevada de recursos públicos.
Conductas llícitas
Algunos ejemplos de conductas que podrían constituir un delito de desempeño irregular incluyen actos de corrupción como la aceptación de sobornos, la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito. También se considera un delito el abuso de autoridad, que implica utilizar el cargo para obtener beneficios personales o perjudicar injustamente a otros.
En cuanto a la duración de la condena por este delito, las penas pueden variar según la legislación de cada país y la gravedad de la conducta. En algunos casos, pueden implicar penas de prisión, multas económicas, inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras sanciones.
Corrupción
Es importante destacar que el combate a la corrupción es una prioridad en la agenda del gobierno mexicano. Para ello, se han implementado diversas estrategias y se han fortalecido los mecanismos de control y vigilancia, así como los sistemas de denuncia y rendición de cuentas.
En este sentido, la Fiscalía General de la República y otras instancias encargadas de la procuración de justicia juegan un papel fundamental en la investigación y persecución de estos delitos. Asimismo, se fomenta la participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción y se promueve la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
