Culiacán, Sin.- Tres de seis consejeros integrantes del nuevo Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas denunciaron una propuesta de exceso de plazas y sueldos elevados en la pretendida conformación de la estructura de este organismo estatal.
Griselda Triana, una de las inconformes con la propuesta para el 2023, indicó que votó en contra ya que se pretende beneficiar altos salarios y una nómina inflada antes que priorizar la prevención y medidas de protección.
Puedes leer: Difunden sueldo de altos funcionarios de la UAS; Jesús Madueña gana 186 mil pesos
“Después de conocer de primera mano cómo operan otros mecanismos y/o unidades de protección en otras entidades y el alto número de casos que atienden, estoy en contra de que este Instituto opere con coordinaciones que requieran de subcordinaciones y, a su vez, estas con unidades y el demás personal que se requiera”, indicó la consejera al emitir su postura.
Dijo que si bien está convencida de que el Estado no debe escatimar recursos para estos mecanismos, ella no solapará que se abuse y se destinen privilegios que serían ofensivos para la mayoría de periodistas que desarrollan su labor en condiciones precarizadas en este país.
“Un mecanismo, o un instituto no es para hacer relaciones públicas ni para recibir favores, un mecanismo como el de Sinaloa se debe a la prevención y protección y no debemos perderlo de vista”, sentenció.
Al llamado se unieron los consejeros Rosina Ávila Palma y Alberto Morones, quienes votaron en contra de que el 70 por ciento de los recursos del Instituto que se proyectan para 2023, sea destinado a gastos operativos.
Los consejeros que votaron a favor fueron Juan Mario Martini Rivera, María Isabel Cruz Bernal, Aldo Ruiz y la directora Jenny Bernal, haciendo mayoría.
En total, la directora Jenny Bernal y su equipo pidieron 25 plazas para operar el Instituto, con sueldos que van desde los 60 mil pesos hasta mínimo 20 mil pesos, así como compensaciones, viáticos, vacaciones dos veces al año y aguinaldo de 60 días.
Este proyecto todavía no se ha enviado al Congreso del Estado para su consideración. Como dato adicional, el Mecanismo Federal operado por la Secretaría de Gobernación tiene 37 puestos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos alrededor de 20 plazas, lo mismo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa.