La organización Iniciativa Sinaloa realizó una investigación dónde detectó en la obra pública para infraestructura educativa en el estado, y destacó adjudicaciones directas que exceden los montos permitidos y la operación de redes de empresas beneficiarias con contratos públicos fueron algunas de las irregularidades.

Los resultados de esta investigación también fueron expuestos en coordinación con Mexicanos Primero Sinaloa, y se reveló que los entes estatales encargados de contratar obras públicas para escuelas han operado desde la opacidad en algunas gestiones.

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Asimismo, se explicó que en la investigación se revisaron obras realizadas de 2017 a 2021, periodo en el que el gobernador de Sinaloa era Quirino Ordaz Coppel, actual Embajador de México en España.

Sin embargo, estas siguen en curso durante la actual administración del gobernador Rubén Rocha Moya, pues no se han realizado grandes cambios y se seguirá investigando.

En la explicación de los documentos investigados, se detalla que de acuerdo a las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones de Sinaloa, las contrataciones por invitación y adjudicación directa deben ser menores al 30 por ciento del total de los contratos, pero el Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa (Isife) rebasó este límite en 2021.

Ante ello, también se mencionó que existe el antecedente de que la Auditoría Superior del Estado exhortó al organismo a otorgar las obras públicas por licitación pública, y en caso de haber excepciones, la opción de adjudicación se justifique, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Finalmente, la exposición de la investigación menciona que en la administración de Ordaz Coppel, se detectó una red de empresas que construyó 10 de cada 100 obras en escuelas públicas de Sinaloa, que participaron con diferentes razones sociales y representaciones.