Culiacán, Sin.- En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas marcó un hito al adoptar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, designando el 9 de diciembre como el Día Internacional contra este fenómeno.
El propósito es destacar la magnitud del problema y comprometer a los Estados a emprender acciones para prevenir y combatir la corrupción, subrayando el "vínculo crucial que existe entre [combatir la corrupción], la paz, la seguridad y el desarrollo" a lo largo de dos décadas desde la adopción de la Convención.
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Para abordar la situación de la corrupción en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) despliega un esfuerzo significativo, generando datos sobre la percepción y experiencias de soborno en la población general, personas privadas de la libertad y empresas. Además, proporciona estadísticas sobre los mecanismos de control interno y anticorrupción de las administraciones públicas a nivel federal, estatal y municipal.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, es importante reflexionar sobre estos datos y reafirmar el compromiso de la sociedad y los Estados para erradicar este fenómeno. La transparencia, la rendición de cuentas y la implementación efectiva de medidas anticorrupción son esenciales para alcanzar la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.
Percepción de la corrupción
De acuerdo a la información, la percepción de la corrupción en 2023, no es uniforme y varía según las autoridades e instituciones públicas consideradas. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) emerge como un instrumento valioso para explorar detalladamente esta perspectiva segmentada.
En su última edición, centrada en la percepción durante el año 2021, se revela que la policía y los partidos políticos fueron las instituciones más señaladas como corruptas a nivel nacional. Un 88.8% y un 85.4% de las personas, respectivamente, consideraron que estas autoridades llevan a cabo actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente. Este panorama contrasta notablemente con la percepción que se tiene de organismos autónomos o escuelas públicas de nivel básico.
La medición de la percepción de la corrupción es crucial, ya que impacta, entre otras cosas, en los niveles de confianza que la sociedad deposita en las instituciones públicas. No obstante, también resulta relevante obtener información sobre las experiencias directas de corrupción reportadas por la ciudadanía.
Según los datos proporcionados por la propia ENCIG, se ha constatado que el 14.7% de la población de 18 años o más, que tuvo algún tipo de interacción con alguna autoridad en 2021, fue víctima de corrupción. Esta cifra representa una disminución con respecto a la prevalencia registrada en 2019, cuando se observó un 15.7%.
Prevalencias de corrupción
En un comparativo estatal, destacó que Quintana Roo, Puebla y Baja California fueron las entidades con las mayores prevalencias de corrupción en 2021, con 20.4, 19.6 y 19.4 % respectivamente. En Sinaloa, el 23% de las personas que fueron víctimas de corrupción son hombres, mientras que el 11.4% fueron mujeres.
Desde 2016, con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener una infraestructura institucional, así como a implementar acciones para prevenir y sancionar los actos de corrupción.
En 2021, todas las instituciones de la administración pública federal contaron con mecanismos para la recepción de denuncias en contra de personas servidoras públicas, mientras que 99 % de las instituciones consideraron la aplicación de auditorías internas o externas por parte de las autoridades competentes. Se observa un notable rezago en la concreción de mecanismos para el registro y seguimiento de evolución patrimonial y la creación de mecanismos de contraloría social.
