Culiacán, Sin.- La inclusión para la votación del dictamen de la Ley de Educación Superior del Estado generó discusión y opiniones encontradas en el Congreso del Estado.
Antes de someter el documento a votación, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez indicó que no se incluyó el voto particular en el que la diputada Elizabeth Chía Galaviz expresaba su desacuerdo con varios puntos del documento.
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Por este hecho, y con el argumento de que el dictamen no fue entregado en tiempo a los legisladores, Montes Álvarez pidió que retiraran el dictamen de la orden del día.
"No entendemos la premura que se quiere legislar la iniciativa en comento, en lo general, compartimos la postura que la política pública, relacionada con la Educación, es la palanca del desarrollo de una nación", declaró Montés Álvarez.
Ante esto, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla mencionó que no hay justificación para que el dictamen sea retirado del orden del día, debido a que no fue una omisión del voto particular de Chía Galaviz.
"En este momento todos tenemos al alcance el voto particular que emitió la diputada Chía Galaviz, por lo tanto, y ante una omisión legislativa no contenida en la ley respecto a los horarios de circulación de los dictámenes, no existe inconveniente alguno para que permanezca en la orden del día", indicó.
El retiro del dictamen fue sometido a votación, solo los integrantes del Partido Sinaloense votaron a favor, el resto de diputados aprobaron que el dictamen siguiera en la orden del día.
El voto particular
Elizabeth Chía se postuló en contra del dictamen durante la reunión de la comisión de Educación y Cultura celebrada el día de ayer. En el voto particular, expuso su descontento con algunas modificaciones de los artículos de la Ley de Educación Superior del Estado.
La diputada Chía indicó que se busca reformar el artículo 3 de la ley, el cual estipula que para modificar las leyes orgánicas de las universidades el Congreso del Estado tiene que consultar con las instituciones educativas. Destacó que el cambio planteado violentaría la participación que tienen las universidades en la legislación de las leyes que las rigen.
