/ miércoles 20 de marzo de 2024

Diputados de Sinaloa proponen Ley contra la obligación de firmar documentos en blanco

La iniciativa recibió primera lectura por la diputación permanente este martes

Culiacán, Sin.- Los integrantes del Congreso sinaloense están dando trámite a una iniciativa que castigue con penas de cárcel a quienes obliguen a otras personas a firmar papeles en blanco.

Durante la sesión pública número 37 de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se dio lectura a la propuesta, impulsada por el diputado con licencia Pedro Alonso Villegas Lobo, plantea la adición del artículo 269 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa.

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Según la iniciativa, la práctica de exigir la firma en documentos sin contenido ya está marcada como una actuación improcedente en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en su artículo 48 Bis.

Sin embargo, el diputado considera necesario que en Sinaloa se reconozca este acto como un delito, proponiendo sanciones que van desde seis meses hasta tres años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre cinco y veinticinco días.

El objetivo principal de la propuesta es tipificar como delito la acción de obligar o condicionar a otra persona a firmar documentos en blanco, con el fin de combatir la corrupción y las injusticias que afectan a la sociedad sinaloense.

Esta medida busca proteger los derechos de los ciudadanos y promover prácticas laborales y legales justas en el estado.

Culiacán, Sin.- Los integrantes del Congreso sinaloense están dando trámite a una iniciativa que castigue con penas de cárcel a quienes obliguen a otras personas a firmar papeles en blanco.

Durante la sesión pública número 37 de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se dio lectura a la propuesta, impulsada por el diputado con licencia Pedro Alonso Villegas Lobo, plantea la adición del artículo 269 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa.

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Sin embargo, el diputado considera necesario que en Sinaloa se reconozca este acto como un delito, proponiendo sanciones que van desde seis meses hasta tres años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre cinco y veinticinco días.

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