Culiacán, Sin.- La mañana de este jueves, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, fue notificado personalmente por diputados locales, del inicio del juicio político emitido en su contra.
Fue de mano de los diputados locales Marco Cesar Almaral y Cesar Ismael Guerrero de quienes el edil recibió la notificación.
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En entrevista con los medios de comunicación, Estrada Ferreiro defendió que no se ha escondido para ser notificado a pesar de que en días anteriores, no se le vio presente en eventos públicos, incluso dejó plantado al gobernador del estado Rubén Rocha Moya el día de ayer en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.
Señaló que había salido de emergencia a México, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le había requerido su presencia para Informarle la procedencia de las controversias constitucionales interpuestas por el ayuntamiento para la eliminación a la homologación de las viudas y a la ley de descuento de agua potable.
Mismas controversias que lo llevaron ahora a un juicio político y que aunque esto podría ocasionar su destitución, aseguró no las retirará.
"Estuve en México todo el día de ayer y me vine hasta hoy en la mañana, llegué a las 8 aquí, me vine en viva Aerobús. Fui a la corte a ver el tema de las controversias ya van a salir, no las voy a retirar, ya están para resolución", dijo.
La notificación sobre el juicio político, se llevó a cabo en la oficia del alcalde en el palacio municipal, donde también estuvieron presentes el director de área jurídica del poder legislativo, Donato Guerra, y la regidora representante de la comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Arely Ruiz.
Estrada Ferreiro tendrá que defenderse
A partir del día de hoy, el alcalde de Culiacán, tendrá una semana para demostrarle al poder legislativo las pruebas que demuestren que está en lo correcto.
Estrada Ferreiro fue ha sido llevado a juicio político por el congreso del estado, luego de que grupos sociales como Pueblos Unidos y viudas de policías, demandarán una serie de violaciones a la ley como lo fue el no pagar la pensiones ni emitir descuentos en servicios de agua potable, además de generar moches en los pagos de primas de antigüedad.
