Culiacán, Sin. El camino es sinuoso para que salga adelante el Decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 emitido por el Congreso del Estado y que el gobernador lo regresó con una serie de observaciones, ya que los diputados de Morena advierten que no renunciarán a que este presupuesto tenga un carácter social, por lo que buscarán preservar las reasignaciones que se hicieron y el Ejecutivo señala que no serán trasgresores de las leyes.
Desde que inició el año, en medio de severos cuestionamientos respecto a la legalidad de la sesión y a la legitimidad de dicho presupuesto, así como a la falta de diálogo, Quirino Ordaz Coppel adoptó el camino de regresar al Legislativo las observaciones al decreto número 77 expedido por esta 63 Legislatura, con fecha 31 de diciembre de 2018, que contiene la Ley de Ingresos y Egresos del 2019.
En el documento el mandatario estatal no solamente reclama agriamente la postura del Legislativo al advertir que las disposiciones aprobadas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 son una “abierta invitación del Legislador al Ejecutivo a violar la ley” y reclama que con las reasignaciones hechas a algunos rubros, se verá en la necesidad de despedir trabajadores y no adquirir suministros para el buen funcionamiento de algunas áreas de gobierno.
DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO
Por ejemplo, explica que la disminución del 32 por ciento en el rubro de Servicios Personales significaría despido de personal administrativo, el decremento del 21.16 en Materiales y Suministros impactaría en la operación institucional ante la falta de insumos, además que el recorte del 38.18 en Servicios Generales ocasionaría el no pago de servicios básicos como energía eléctrica, arrendamientos de locales para oficinas, teléfono, agua, servicios de internet y el Impuesto Sobre Nómina.
Así mientras el mandatario y la presidenta de la Junta de Coordinación Política aseguran que hay diálogo, otros legisladores de Morena acusan que la postura de Ordaz Coppel “es puro capricho”.
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En la sesión del jueves pasado se le dio primera lectura al documento con observaciones propias del mandatario estatal y se turnó a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para dar lugar a un nuevo proceso parlamentario, que pudiera arrancar en el curso de la semana venidera.
Cabe recordar que mediante oficio fechado el 31 de diciembre del 2018 –aunque el presupuesto se aprobó en las primeras horas del 1 de enero del 2019–, y que el gobierno del estado le dio entrada el dos de enero del 2019, el Congreso del Estado solicitó formalmente al gobernador Quirino Ordaz Coppel publicara en el Periódico Oficial la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
APRUEBA CONGRESO PRESUPUESTO
El Congreso aprobó el presupuesto estatal reasignando mil 663 millones 078 mil 986 pesos para apoyar a universidades, médicos, químicos, enfermeras, a los hospitales, Civil y Pediátrico, viudas de policías, desplazados, desaparecidos, comunidades indígenas, bibliotecas, por citar algunos rubros.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, una vez aprobado un proyecto de Ley debe remitirse al Ejecutivo estatal, quien si no tuviese observaciones lo deberá promulgar inmediatamente y tiene un plazo de ocho días útiles a partir de la fecha que recibió el Presupuesto 2019 para hacerle observaciones y regresarlo al Poder Legislativo, en caso que no lo publique inmediatamente.
Igualmente la Constitución Política del Estado de Sinaloa señala que cuando una ley sea desechada en su totalidad o en una parte por el gobernador, será devuelto al Poder Legislativo con observaciones, para que se estudie nuevamente, pero ahora deberá ratificarlo con el voto de dos terceras partes de los diputados presentes, para posteriormente remitirlo al Poder Ejecutivo para su inmediata promulgación.
Sin embargo, a un día de que feneciera el plazo, el Ejecutivo estatal formuló observaciones a tal decreto y lo devolvió al Poder Legislativo.
Horas antes de la entrega, en conferencia de prensa, Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo informó que sostuvo una reunión con el Ejecutivo y se signó el compromiso de caminar hacia la revisión de las observaciones con total apertura, pero dejó en claro que no renunciarán a que éste presupuesto tenga un carácter social, por lo que buscarán preservar las reasignaciones que se hicieron.
El nuevo presupuesto del Estado, con las observaciones correspondientes, tendrá que ser aprobado por un mínimo de 27 de los 40 diputados que tiene esta legislatura, es decir, con una mayoría calificada.
LEGISLADORES ACREDITADOS
A la par las reasignaciones impulsadas por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, léase Morena, también tendrían que ser acreditados por 27 legisladores, aunque no las tiene consigo, por lo que desde ahora están midiendo fuerzas y tratando de meter en cintura a algunos de sus diputados que no están convencidos, ya que dicen que las reasignaciones están fuera del marco legal, porque fueron tomadas del presupuesto federal.
En las condiciones actuales es obvio que ninguno de los dos proyectos alcanzará la votación que demanda la Ley Orgánica del Congreso del Estado, por tal motivo, se acordó instalar una mesa de diálogo encabezada por la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez –una de las que están en contra de las reasignaciones–, así como representantes del Ejecutivo para analizar el documento a fondo para apuntalar criterios en cuanto a las necesidades propias del Estado y llegar a acuerdos que permitan destrabar el problema y finalmente sea publicado en el Diario Oficial para poder ejercer dicho presupuesto.
En el documento se asienta que la reserva que hicieron los diputados de Morena no puede ser modificada, por ejemplo, el de 100 millones de pesos que no son sujetos de modificación por tratarse de partidas federales y el de 150 millones que no se pueden emplear a rubros diferentes a los que fueron etiquetados.
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Asimismo establece que las reasignaciones hechas por mil 663 millones de pesos en el Presupuesto de 2019 fueron realizadas sin fundamento ni motivo válido, además que los mil 350 millones de pesos que se contemplaron en los artículos transitorios para ser aplicados en caso de que se registraran ingresos excedentes, que no se apegan a disposiciones legales federales, tales como la Constitución, Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Disciplina Financiera para estado y municipios.
Objetó que las asignaciones hechas a las entidades federativas, conocidos como gastos etiquetados en el presupuesto, al tener un destino específico en programas federales asumidos localmente mediante convenios de coordinación, son materia de auditoría fiscal. Por lo que “reasignar” en presupuestos locales recursos federales etiquetados podría hacer incurrir en quien lo efectúe en responsabilidades administrativas e incluso de orden penal.
Los diputados del PRI y PAN advierten que si no hay acuerdos el gobernador podría promover un recurso de inconstitucionalidad y el asunto se irá hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras el gasto público será marcado por el presupuesto del año pasado, en lo que se resuelva el asunto.
